Un tribunal español anuló el encausamiento de tres mandos policiales acusados de alertar a varios colaboradores de la proscrita banda armada ETA de que su detención era inminente.

El pleno de 14 jueces de la Audiencia Nacional falló el miércoles por la noche que hay insuficiencia de pruebas para encausar a los sospechosos, pero ordeno la continuidad de la investigación al apreciar que sí hubo delito.

El caso tiene ramificaciones políticas. Cuando ocurrió el presunto incidente en el 2006, ETA había declarado una tregua unilateral que permitió al gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero negociar con la banda, aunque las gestiones no prosperaron cuando el grupo detonó meses después una bomba en el aeropuerto madrileño de Barajas que costó la vida a dos inmigrantes ecuatorianos.

Los detractores de Zapatero sostienen que la presunta confidencia fue para demostrar a ETA las buenas intenciones del gobierno socialista a fin de lograr un acuerdo de paz en la región vascongada. El ministro del Interior en aquel entonces, Alfredo Pérez Rubalcaba y jefe de los imputados, es ahora el candidato socialista en las elecciones generales del 20 de noviembre.

El opositor Partido Popular ha interrogado en repetidas ocasiones en el Parlamento a Pérez Rubalcaba en relación con el escándalo de la delación.

El PP dijo haber quedado complacido con el fallo de la corte de mantener el caso abierto y la aseveración de que se cometió un delito.

"La policía colaboró con la ETA para que (la banda) pudiera seguir recaudando fondos", dijo el portavoz del PP en asuntos judiciales, Federico Trillo.

En encausamiento original fue emitido en julio. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz escribió que no hay pruebas suficientes para acusar al ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, acusado de haber ordenado presuntamente la confidencia a la banda; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, autor de la confidencia y el inspector de Brigada de Información de Alava, José María Ballesteros.

El 4 de mayo del 2006 la policía estaba a punto de allanar en Bar Faisán en la ciudad fronteriza de Irún, en el que el propietario estaba a punto, presuntamente, de entregar a ETA unos 70.000 dólares extorsionados a empresarios vascos.

Según la Audiencia Nacional, alguien entró esa mañana en el bar y entregó a su propietario Joseba Elosúa un teléfono celular con el cual fue advertido de la investigación y le aconsejaron que no entregara el dinero.

Elosúa no lo hizo, pero fue porque la transferencia debía haber tenido lugar al otro lado de la frontera, en Francia, y no en el bar. Semanas después, Elosúa y más de 12 sospechosos fueron detenidos por la policía.

ETA ha asesinado a 829 personas desde que empuñó las armas en 1968 para crear un estado independiente con cuatro provincias del norte de España y tres del sudoeste de Francia. Es considerada una organización terrorista por España, la Unión Europea y Estados Unidos.