El juicio a la exdirectora de la central colombiana de inteligencia María del Pilar Hurtado y al exsecretario general de la Presidencia durante el Gobierno de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno, proseguirá tras la decisión de mantener a los mismos jueces, pese a la recusación del abogado defensor.

Una sala de conjueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó hoy que los dos magistrados titulares y los siete interinos que iniciaron el proceso continuarán al frente.

Esta decisión supone una derrota para el defensor de Moreno, el abogado Jaime Granados, quien el pasado 13 de septiembre recusó a los integrantes de la Sala Penal de la CSJ conformada para este proceso y solicitó que fueran "conjueces ad hoc".

Esa solicitud obligó a la interrupción temporal de la audiencia de imputación de cargos a ambos funcionarios.

El motivo que llevó al abogado a rechazar a los magistrados y jueces interinos es que estos últimos sustituyen precisamente a algunas de las víctimas en el proceso: los magistrados que fueron objeto de escuchas y seguimientos ilegales por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Esa campaña de espionaje del Gobierno de Uribe (2002-2010) también alcanzó a políticos de la oposición, defensores de los derechos humanos y periodistas.

Con la confirmación de los letrados para el juicio, la Sala Penal convocará en breve la continuación de la vista previa, informaron a Efe fuentes del alto tribunal.

La petición del abogado de Moreno fue rechazada el mismo día por la fiscal general de Colombia, Viviane Morales, quien les imputó cargos a los dos funcionarios y descartó que se tratara "de ninguna manera de un juicio político".

En esa primera vista que fue suspendida, Morales acusó a Hurtado, asilada en Panamá, de "concierto para delinquir agravado, abuso de función pública, peculado por apropiación, interceptación ilegal de comunicaciones y falsedad ideológica", así como de utilizar de forma indebida dineros públicos para soborno.

A Moreno le imputo cargos por "concierto para delinquir agravado, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones".

Hurtado y Moreno son los más altos cargos del Ejecutivo de Uribe encausados por esa trama de espionaje, después de que la Procuraduría les destituyera de forma retroactiva e inhabilitara para ejercer cargos públicos por 18 años.