Los abogados que representan a indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana en una multimillonaria demanda ambiental contra la petrolera Chevron presentaron hoy cables filtrados por WikiLeaks sobre las supuestas presiones de la compañía para influir en el juicio que afronta en una corte de Ecuador.

En esos cables, según Pablo Fajardo, uno de los abogados, se advierte del supuesto cabildeo de la petrolera en los últimos años para que la Embajada de EE.UU. en Quito presione al Gobierno ecuatoriano con el fin de que frene la demanda.

Esos supuestos cables diplomáticos reflejan el "doble discurso de Chevron", que ha aducido en su defensa supuestas influencias del Gobierno ecuatoriano en la justicia, aunque, al parecer, ha sido la petrolera la que ha ejercido presión a través de la Embajada estadounidense, indicó el letrado en rueda de prensa.

Fajardo reconoció que los cables de WikiLeaks tienen muy poco valor legal, pero remarcó que ahí se revela la aparente actitud de la petrolera para interferir en el trámite judicial.

Uno de los cables, aparentemente escrito por la hoy exembajadora Linda Jewell en 2009, advierte que Chevron había comenzado a explorar entre funcionarios del Gobierno ecuatoriano la posibilidad de "implementar una serie de proyectos sociales" a cambio de un eventual apoyo del Gobierno de Quito "para poner fin al caso".

Además, señala que "la Embajada tendrá en cuenta la forma en que puede ayudar a Chevron a resolver las complicaciones de procedimiento de la investigación" en torno al proceso.

Fajardo recordó que la Corte de Justicia de Sucumbíos, donde se lleva la causa, en marzo pasado emitió una sentencia de primera instancia que incluía una indemnización de 9.510 millones de dólares por los daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana imputados a Chevron, que califica el fallo de "inaplicable" y "fraudulento".

Si la compañía no pide perdón, esa cantidad superaría los 18.000 millones de dólares.

La sentencia ha sido apelada por las dos partes y se espera que un tribunal emita un fallo de segunda instancia hasta marzo del próximo año, señaló Fajardo.

Además, recordó que el trámite podría demorar un tiempo más, hasta seis meses adicionales, ya que el proceso incluye una instancia de casación.

Si al final los demandantes obtienen una victoria legal contra la gigante petrolera, "iremos a ejecutar la sentencia, perseguiremos los activos de Chevron en cualquier parte del mundo donde esos se encuentren", remarcó Fajardo.

De su lado, el abogado estadounidense Steven Donziger, que también representa a los demandantes, destacó la victoria legal sobre Chevron ocurrida el lunes pasado, cuando un tribunal de apelaciones del circuito de Nueva York anuló un recurso que impedía la ejecución en EE.UU. de la sentencia emitida en Ecuador.

Pese a ello, Donziger admitió que la defensa de Chevron aún tiene margen de maniobra y es capaz "de hacer cualquier cosa para demorar este juicio".

"La aspiración de los demandantes es solucionar el problema lo más pronto posible", ya que mientras más tiempo pasa "la gente sigue sufriendo, la gente sigue muriendo" por la contaminación petrolera dejada en la Amazonía ecuatoriana, según el abogado, quien ha sido imputado por la petrolera de supuestas malas prácticas en el proceso.

Donziger rechazó esas acusaciones, pero dijo que "el tema de fondo no es saber qué pasa con un abogado, es saber lo que hizo Chevron, los crímenes ambientales que ha cometido en Ecuador y eso tiene que ver con la prueba científica que prueba que la petrolera es culpable".

Chevron, por su parte, insistió en que la sentencia emitida por la corte ecuatoriana es "inaplicable", porque surge de un proceso fraudulento y en el que ha existido presión política.

Además, aclaró que, pese al revés en la corte de apelaciones de Nueva York, continúa en vigor una demanda contra los abogados de los ecuatorianos, por supuesta conducta ilícita en el proceso.

También los acusa de efectuar supuestos pagos ilegales a funcionarios del tribunal donde se sigue la causa y de falsificar reportes periciales, extremo negado por los letrados que representan a los demandantes.