Decenas de miles de estudiantes volvieron a marchar el jueves por la capital chilena n demanda de reformas a la educación, tras fracasar las negociaciones con el gobierno para establecer una mesa de diálogo para solucionar el prolongado conflicto.

Los manifestantes marcharon unas 30 cuadras alejadas del centro capitalino, donde el gobierno no aprueba las protestas.

El diálogo entre las partes no prosperó por la negativa del gobierno a paralizar la tramitación de proyectos de ley que los estudiantes exigen discutir previamente y a suspender el término del primer semestre escolar, dos de las cuatro exigencias estudiantiles para iniciar las conversaciones.

El gobierno del presidente Sebastián Piñera, al que el conflicto le ha acarreado un fuerte descenso en su popularidad, sostiene, sin embargo, que ha sido flexible y ha acogido varias de las demandas. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, dijo en declaraciones a la televisión estatal que los estudiantes "deben saber abrochar (aprovechar)" los triunfos que han logrado con sus demandas de cambio en la educación.

Desde el comienzo de las protestas estudiantiles, que se han hecho extensivas al resto de la población, se han registrado multitudinarias marchas callejeras, las mayores desde que Chile recuperó la democracia en 1990.

Pero la última convocatoria el 14 de septiembre tuvo baja adhesión, lo que pie al gobierno para sostener que el movimiento estudiantil estaba desgastado y debilitado.

La presidenta de los estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, dijo a periodistas que "en ningún caso el movimiento se ha debilitado. Todavía tiene gran respaldo ciudadano, todavía los estudiantes siguen insistiendo en la movilización, en que es una herramienta legítima y necesaria en este momento".

Vallejo estimó en 180.000 los manifestantes. Al finalizar la marcha, pequeños grupos provocaron desmanes y se enfrentaron con la policía, que los reprimió con carros lanza agua y gases lacrimógenos. Una cantidad indeterminada fue detenida.

El vocero oficial, Andrés Chadwick, dijo que el gobierno no cederá en el camino que se ha trazado.

Señaló que la nueva protesta "no va a cambiar lo que el es el tema y la preocupación fundamental del gobierno: por una parte seguir insistiendo en la necesidad de la mesa de diálogo y, por otra parte, seguir gobernando... para efecto de ir a través de los distintos proyectos de ley apuntando a la solución" del conflicto.

Las encuestas reflejan una alta adhesión a las demandas estudiantiles de fortalecer la educación pública y terminar con el lucro en las universidades privadas y eliminar los aportes estatales a establecimientos privados que lucran con la enseñanza.

El gobierno ha señalado que regulará y controlará el lucro, pero no está dispuesto a erradicarlo de las instituciones que reciben financiamiento estatal.

Por su parte, el dirigente de los estudiantes de la Universidad Católica, Giorgio Jackson, afirmó a la prensa durante la masiva protesta que "el gobierno debe entender... que ésta no es una demanda de los estudiantes, sino de las familias chilenas que necesitan un cambio transformacional que potencie la educación pública".

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, organización que junto con los estudiantes universitarios y secundarios encabeza las protestas, dijo que unas 150.000 personas participaron de la marcha, una de las más numerosas que comenzó el conflicto en junio.

"Creo que la autoridad tiene que tener sintonía con las demandas que se están planteando y establecer una mesa lo más rápido posible", afirmó Gajardo.

Mientras tanto, cuatro estudiantes de enseñanza media, tres mujeres y un hombre, cumplieron 65 días en huelga de hambre y para mostrar su protesta se instalaron en dos tiendas a las puertas de la Universidad de Chile, en pleno centro capitalino.