La Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión de la Verdad que investigará los abusos a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, aunque no tendrá poder de castigar a los responsables de esos abusos.

El proyecto, aprobado la noche del miércoles con amplio consenso entre legisladores de la oposición y el oficialismo, aún debe ir al Senado para su votación definitiva. La comisión cuenta con el respaldo de la presidenta Dilma Rousseff, quien en su juventud militó en una guerrilla de izquierda que combatió al régimen militar y fue torturada al ser presa.

A diferencia de países como Argentina, Chile y Uruguay, en Brasil no se han investigado los abusos de derechos humanos perpetrados por el régimen militar ni se han castigado a los autores.

"Este es un día histórico para Brasil, con la votación de este instrumento Brasil refuerza una de nuestras mayores riquezas, la democracia", comentó la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes, quien participó de las negociaciones con los diputados.

Según el texto aprobado, la comisión estará formada por siete personas designadas por la presidenta Rousseff e investigará abusos cometidos entre 1946 y 1988, un período más amplio que el del régimen castrense brasileño. Su informe debe ser entregado en un plazo de dos años.

La comisión fue propuesta el año pasado como parte de un amplio plan de derechos humanos, pero inicialmente generó suspicacias entre los militares.

El alto mando castrense apoyó la creación de la comisión después de recibir garantías de que investigará los abusos cometidos tanto por los agentes del Estado como por las guerrillas de izquierda y que no alterará la ley de amnistía, que garantiza que los responsables de las violaciones a los derechos humanos no serán procesados por la justicia.

Un reciente estudio del gobierno brasileño indicó que 475 personas fueron asesinadas o desaparecidas por agentes del régimen militar.

Además de Rousseff, varios altos dirigentes políticos sufrieron persecución durante la dictadura, incluyendo el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), quien estuvo preso por enfrentar al régimen como dirigente sindical.

Su antecesor Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) fue enviado al exilio en Chile, al igual que los cantantes Gilberto Gil y Caetano Veloso.

Según el proyecto votado por los diputados, la comisión debe examinar y dilucidar las violaciones de derechos humanos practicadas durante la dictadura militar sin distinguir quién las cometió y podrá pedir informaciones de órganos públicos, convocar testigos, promover audiencias públicas y solicitar a cuerpos policiales realizar investigaciones.

El opositor partido Demócratas, de derecha, exigió garantías de que los integrantes de la comisión no estarán vinculados al gobierno ni tendrán relación con los hechos investigados, lo cual fue incluido como una enmienda al proyecto.

La iniciativa contó con el apoyo de más de 300 artistas e intelectuales de Brasil y el exterior que firmaron un documento de apoyo. Entre los firmantes están el escritor uruguayo Eduardo Galeano, el lingüista norteamericano Noam Chomsky, los cantantes brasileños Chico Buarque y Gil y los actores José de Abreu y Marcos Palmeira.

También fue apoyada por los seis ex ministros de Derechos Humanos de Brasil, quienes enviaron una carta a los diputados pidiendo la aprobación del texto.