El líder de una unión de productores agrícolas advirtió el miércoles que responderán con violencia si campesinos sin tierra invaden sus fincas.

El 28 de septiembre el estatal Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) realizará una mensura de 257.000 hectáreas en el departamento Alto Paraná, 340 kilómetros al este de Asunción, actualmente en manos de productores paraguayos y brasileños dedicados al cultivo de soja, girasol, trigo y maíz. Presuntamente esas tierras son propiedad del Estado.

Victoriano López, secretario general de la agrupación de campesinos sin tierra Liga Nacional de Carperos, aseguró que "sí o sí vamos a recuperar la soberanía nacional ocupando los terrenos en poder de extranjeros".

Héctor Cristaldo, líder de la patronal Unión de Gremios de la Producción (UGM), reaccionó señalando a la radio Primero de Marzo de Asunción que "si los campesinos actúan con violencia, habrá violencia".

Agregó que "vamos hacia una guerra civil porque el Estado no garantiza nada a las personas que trabajan legalmente... Veremos si el 28 de septiembre López y su gente pueden ingresar a las propiedades privadas".

Pero Sebastián Coronel, vocero del oficialista Partido Movimiento al Socialismo (P-Mas), intentó bajar el tono a la discusión y dijo a la AP que los campesinos "no tienen armas de fuego y es impensable una guerra civil en este momento de la democracia paraguaya".

Añadió que "el Indert sólo recuperará tierras mal habidas".

Uno de los principales dueños de los extensos terrenos en Alto Paraná es el brasileño Tranquilo Favero, quien se mostró sorprendido "por el odio que le tienen los campesinos a los brasileños".

"Nací en Brasil y estoy orgulloso de serlo pero hace 40 años que vivo y trabajo en Paraguay y amo a este país. No sé por qué soy perseguido", dijo en entrevista con el diario Ultima Hora.

Durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia en 2008, Fernando Lugo prometió llevar adelante una reforma agraria y otorgar tierras a unas 80.000 familias campesinas. La falta de terrenos fiscales y recursos para comprarlos del sector privado le ha impedido cumplir el plan.