La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, exhortó el martes a la Cancillería venezolana a revisar la gestión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORTEIDH) para determinar si están cumpliendo la Convención Americana que regula a esas instancias.

Ortega Díaz hizo la declaración en alusión a la sentencia que difundió la semana pasada la CORTEIDH y que obliga al Estado venezolano a levantar la inhabilitación política que afecta al ex alcalde Leopoldo López desde el 2008.

Al cuestionar el dictamen la fiscal afirmó que la CORTEIDH actuó de "manera apresurada" en el caso de López, y sostuvo que existen otras denuncias de violaciones a derechos humanos, que ocurrieron en Venezuela entre los años 60 y 90, sobre las cuales los referidos organismos no se han pronunciado.

"Uno observa como hay un trato distinto en los diferentes casos que se han presentado acá en Venezuela. Ciertamente de manera apresurada salieron a pronunciarse sobre este caso (de López)", dijo la funcionaria en conferencia de prensa.

Además señaló que la Convención Americana de Derechos Humanos prevé en su preámbulo que la CIDH y la CORTEIDH deben "coadyuvar y complementar el orden jurídico interno (y) no a entrar en conflicto, en disputa", y que en el caso de López la Corte "está desnaturalizando los motivos por los cuales fue constituida".

La fiscal exhortó de forma directa al Cancillería a revisar "si estos organismos verdaderamente todavía tienen la vigencia por el cual fueron creados inicialmente".

Agregó que las autoridades venezolanas debería evaluar los instrumentos que regulan a la CIDH, basada en Washington, y la CORTEIDH, basada en Costa Rica, y "si de verdad se está cumpliendo lo que establece ese instrumento jurídico (la Convención Americana), y si la naturaleza por el cual fueron creados esos organismo verdaderamente lo están cumpliendo".

El procurador general, Carlos Escarrá, se unió el martes a las críticas contra el dictamen de la CORTEIDH en el caso de López, y dijo a la televisora local Globovisión que la demanda contra Venezuela en ese caso fue hecha por una "serie de factores internacionales y atendiendo a intereses internacionales".

Escarrá, ex diputado oficialista, acusó al secretario general de la CIDH, Santiago Cantón, de haber elaborado la demanda contra Venezuela en el caso de López, y lo catalogó de "personaje nefasto, oscuro".

El procurador negó que a López se le haya conculcado sus derechos políticos debido a que ha continuado su labor como dirigente político y sigue dando declaraciones, y agregó que lo que no puede es "ejercer un cargo público porque es un choro (ladrón)".

La Contraloría General, entidad encargada de controlar la gestión de los funcionarios públicos, inhabilitó a mediados del 2005 a López para ejercer cargos públicos, alegando que recibió entre 1998 y 2001 donaciones para su movimiento político de parte de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) cuando la madre del político, Antonieta Mendoza de López, trabajaba en esa empresa.

El organismo también sancionó en el 2004 a López, cuando dirigía la alcaldía del municipio capitalino de Chacao, por el traspaso de recursos de una cuenta a otra del presupuesto de esa dependencia.

La inhabilitación política de López comenzó a regir en el 2008 luego que dejó la alcaldía de Chacao.

Escarrá anunció en la víspera que la postura que asumirá el Estado venezolano sobre la decisión de la CORTEIDH en el caso López será definida próximamente por el Tribunal Supremo de Justicia.

La Corte publicó el pasado 16 de septiembre en su página en internet la decisión sobre López en la que se estableció que "el Estado (venezolano) es responsable por la violación del deber de motivación y el derecho a la defensa en los procedimientos administrativos que derivaron en la imposición de las sanciones de inhabilitación".

Asimismo, la CORTEIDH determinó que el Estado venezolano, por medio de sus órganos competentes, "debe asegurar que las sanciones de inhabilitación no constituyan impedimento para la postulación del señor López Mendoza en el evento de que desee inscribirse como candidato en procesos electorales a celebrarse con posterioridad".

Luego de pasar por las instancias jurídicas locales, que respaldaron la decisión de la Contraloría, López llevó su caso en el 2008 a la CIDH que posteriormente lo envió a consideración de la CORTEIDH.

Tras la decisión de la Corte el ex alcalde anunció la semana pasada que se postularía como precandidato en las elecciones primarias que realizará la oposición en febrero del 2012 para elegir el candidato que se enfrentará al presidente Hugo Chávez en los comicios de ese año.