El Congreso del estado de Veracruz, en el este de México, creó el martes un delito que sanciona a quienes "afirmen falsamente" sobre ataques y causen con ello perturbación entre la población.

El gobierno estatal, promotor de la reforma para crear el nuevo delito, busca que con la medida se pueda reclasificar la acusación que se presentó contra Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola, dos twitteros que fueron acusados de "terrorismo y sabotaje" al difundir mensajes falsos sobre ataques de narcotraficantes a la población.

Funcionarios del gobierno de Veracruz dijeron el martes que la entrada en vigor de las reformas a favor de los detenidos, les abre la posibilidad de salir en libertad bajo fianza.

El nuevo delito establece que "a quien, por cualquier medio, afirme falsamente" sobre ataques que provoquen perturbación del orden público se le sancionará con prisión de uno a cuatro años de prisión y una multa.

El código penal de Veracruz considera una pena de entre tres y hasta 30 años de prisión a quien cometa terrorismo y no da la posibilidad de libertad bajo fianza.

La autoridad estatal ha argumentado que los dos mexicanos enviaron mensajes por Twitter en los que advertían de presuntos ataques del cartel de las drogas de los Zetas, lo cual provocó perturbación en el puerto de Veracruz. Los rumores desataron el caos porque hubo padres que se precipitaron a ir por sus hijos a las escuelas.

Claribel Guevara, defensora de los dos twitteros detenidos, dijo a la AP que sus clientes no pretenden aceptar la aplicación de un delito menor y esperan que un juez federal resuelva a su favor en los siguientes días un amparo que tramitaron para echar abajo los cargos.

La nueva medida también desató críticas entre la comunidad de usuarios de Twitter quienes colocaron la etiqueta ‥LeyJavierDuarte entre las más populares de los mensajes transmitidos por la red social en México especialmente señalando que el gobernador de Veracruz intenta reprimir la libertad de expresión.

Hermann Ortega, miembro de la dirigencia del PAN en Veracruz, fue uno de los que criticó la reforma al código penal avalada por una mayoría de 33 diputados.

"Diputados PRI vergüenza nacional, los federales frenan reformas y los locales ponen candados a la libertad de expresión", escribió Ortega en su cuenta de Twitter, en referencia al apoyo de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, que domina el Congreso local y gobierna Veracruz.

Darío Ramírez, director para México y Centroamérica de la organización Artículo 19, dijo a la AP que la reforma abre la puerta para afectar la libertad de expresión, por lo que buscarán que la Comisión Nacional de Derechos Humanos promueva una acción de inconstitucionalidad.

"Los límites a la libertad de expresión están muy claros en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales México es parte (y) en ninguna parte... está el rumor o la desinformación", comentó.