El suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, podría quedar detenido el martes si un juez acepta el pedido de detención formulado por la Fiscalía, que ya le imputó varios cargos por un escándalo sobre millonarios contratos de obras públicas en la capital.

En la audiencia pública del lunes en un juzgado penal del centro capitalino, la Fiscalía imputó a Moreno los delitos de "interés indebido en la celebración de contratos", "peculado por apropiación a favor de terceros" y "concusión", este último definido en la ley colombiana como el servidor público que abuse de su cargo o sus funciones e induzca a alguien a dar o prometer a ese mismo servidor o a un tercero dinero o cualquier otra utilidad.

Según la Fiscalía, en caso de ser declarado culpable Moreno se expone a unos 15 años de prisión. El juicio podría demorar meses.

Moreno, un abogado y economista de 51 años, negó los cargos en su contra.

La Fiscalía tenía previsto pedir la detención de Moreno el lunes, pero el juez Jorge Polidoro Bernal aplazó la audiencia para el martes.

Tras reiterar los cargos contra Moreno, el fiscal Ricardo González solicitó al juez imponer al ex alcalde una "medida de aseguramiento" o detención en un centro de reclusión ante el riesgo de que obstruya la justicia o el desarrollo del proceso, constituya un riesgo para la sociedad o no comparezca ante el tribunal.

"La Fiscalía estima señor juez que la medida de aseguramiento que se reclama... procede por los tres aspectos, ni siquiera por uno, sino los tres", dijo González durante su exposición. Con sus acciones "el señor alcalde traicionó... la confianza" de la población capitalina, agregó.

El tribunal debe escuchar otros alegatos y decidir si sigue la audiencia o la aplaza y si acepta o rechaza el pedido de la Fiscalía.

"No hay absolutamente nada de forma directa para comprometer mi responsabilidad", dijo Moreno el martes a su llegada al juzgado. El ex alcalde dijo que los testimonios en su contra son versiones de "oídas".

Agregó que "estamos confiados y encomendando mucho (el caso) a Dios... ha sido un proceso muy difícil, ha sido desde el punto de vista personal y familiar e institucional muy, muy complejo".

El caso contra Moreno comenzó en 2010 con investigaciones de congresistas, al tiempo que se divulgaban en los medios grabaciones de conversaciones entre contratistas de obras públicas de la ciudad y legisladores en las que se mencionaba el cobro y pago de comisiones para la asignación de obras, como mejoras y ampliaciones en calles y avenidas.

En mayo la Procuraduría suspendió a Moreno del cargo por tres meses, sanción que extendió por otros tres meses y hasta tanto la investigación determine la responsabilidad "disciplinaria" del alcalde en la ejecución de contratos.

De acuerdo con la Fiscalía, los contratistas apoyaron a Moreno como candidato a la alcaldía de Bogotá en 2007 y también respaldaron a su hermano Iván Moreno al Congreso en los comicios legislativos de 2010 a cambio de la adjudicación de obras. La Fiscalía no ha detallado el monto de ese presunto financiamiento electoral a los Moreno, nietos del ex presidente colombiano Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957).

Iván Moreno está en prisión desde fines de abril por orden de la Corte Suprema de Justicia, la instancia que puede procesar a legisladores.

La Fiscalía ha dicho que los hermanos Moreno han sido implicados en el caso por los testimonios de miembros de un grupo empresarial y de ex funcionarios de oficinas públicas como el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), todos también procesados y algunos en prisión.

Según la Fiscalía, en los irregulares contratos para obras de infraestructura el erario fue desfalcado en unos 1.222 millones de dólares. Las obras además sufrieron retrasos, no han sido concluidas, y las empresas no han respondido por los fondos que recibieron para su ejecución.