Las empresas mineras locales y extranjeras estarán obligadas a vender al estado todo el oro que extraigan de las minas, según prevé la ley que nacionalizó del sector y de acuerdo con la publicación el lunes en la Gaceta Oficial de un decreto-ley.

El decreto-ley asegura al Estado el manejo de todas las actividades de explotación de oro y las operaciones conexas.

La entrada en vigencia de la nueva normativa se da luego que el presidente Hugo Chávez sancionó el mes pasado el decreto-ley apoyado en una ley habilitante que le otorgó a finales del 2010 la Asamblea Nacional que le permitirá legislar por decreto hasta junio del próximo año.

La regulación establece que "todo el oro que se obtenga como consecuencia de cualquier actividad minera en el territorio nacional, será de obligatoria venta y entrega" al estado, con lo que quedarán limitadas a partir de ahora las actividades de exportación del producto.

De igual forma se obliga a la pequeña minería y los beneficiarios de contratos de explotación de oro a constituir junto con el ministerio del sector un comisión de negociación para que en un lapso de tres meses, contados a partir de la entrada en vigencia del decreto-ley, se creen las empresas mixtas que se encargarán de las operaciones de extracción del producto.

Dentro del esquema de empresas mixtas el gobierno mantendrá una participación accionaria mayor al 55%, mientras que el resto podría ser controlado por privados.

Asimismo, el gobierno quedó facultado para tomar "posesión de los bienes y control de las operaciones relativas a las actividades reservadas" en un lapso de 90 días, contados desde la publicación de la regulación en la Gaceta Oficial.

La nueva normativa le garantiza al gobierno la obtención una regalía de 13%, que es un impuesto que recibirá por la explotación del oro.

A partir de ahora los conflictos legales solo podrán resolverse en tribunales venezolanos, con lo que se descarta la posibilidad de que el gobierno pueda acudir a un tribunal internacional para dirimir alguna disputa, según prevé el decreto-ley.

Para evitar que esta regulación pueda chocar con la ley de nacionalización del sector que se emitió en 1965, el gobierno estableció que el nuevo decreto-ley "se aplicará con preferencia" sobre otras normativas.

Chávez acordó el mes pasado la repatriación de las reservas internacionales en oro que alcanza a 211,35 toneladas y que equivalen a unos 11.000 millones de dólares.

En el país operan algunas compañías extranjeras como la empresa rusa Rusoro Mining Ltd. que controla una de las minas de oro más importantes del país en el estado suroriental de Bolívar.

La empresa ruso-canadiense Rusoro Mining Ltd descartó el mes pasado que la medida de nacionalización del sector vaya a afectar las operaciones que mantiene en dos proyectos mineros.

A inicios de año el gobierno canceló la concesión que tenía la minera canadiense Crystallex International Corp. para operar la mina de Las Cristinas en el estado Bolívar.

Crystallex International Corp. presentó a inicios de año en un tribunal internacional una solicitud de arbitraje contra el gobierno venezolano por la suspensión de la concesión.