El suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, fue acusado por la Fiscalía el lunes ante un tribunal, al que se presentó por primera vez tras varias dilaciones, y enfrentó cargos por supuestos hechos de corrupción en millonarios contratos de obras públicas.

La Fiscalía había anunciado que en la audiencia iba a pedir la detención de Moreno, pero el tratamiento del caso no alcanzó a completarse porque el juez Polidoro Bernal, que debe decidir, tuvo que ausentarse por problemas familiares y suspenderlo hasta el martes por la mañana.

Solamente entonces la Fiscalía podrá pedir formalmente la detención de Moreno y el juez decidirá si acoge o no ese pedido.

Moreno dijo ante el tribunal que era inocente y que no ha cometido ningún delito.

"No he sido autor, ni he sido partícipe, ni tampoco determinador de conducta delictiva alguna. De los cargos que se me imputan en el día de hoy no se infiere ninguna responsabilidad de parte mía", dijo Moreno.

"No acepto los cargos que se me imputan. Ratifico mi inocencia", añadió sentado frente al juez en compañía de su abogado, Jorge Arenas.

Más temprano, el fiscal Ricardo González le imputó a Moreno en la audiencia los delitos de "interés indebido en la celebración de contratos", "peculado por apropiación a favor de terceros" y "concusión".

Moreno, un abogado de 51 años, podría ser condenado a un mínimo de 10 a 15 de prisión por esos delitos, dijo el fiscal en la audiencia. El juicio puede demorar varios meses.

Contratistas apoyaron a Moreno como candidato a la Alcaldía de Bogotá en 2007 y también respaldaron a su hermano Iván Moreno al Congreso en los comicios legislativos del año pasado y "el beneficio (para ese apoyo) era la adjudicación de los contratos" de obras en la capital, dijo el fiscal en una parte de su exposición.

A su llegada temprano al tribunal para la audiencia pública, Moreno, acompañado de su esposa Cristina González, mantuvo su postura en torno a que no ha cometido ninguna ilegalidad.

"No hemos actuado al margen de la ley", dijo Moreno ante reporteros a su llegada al juzgado. "Tenemos la conciencia tranquila", agregó el suspendido alcalde, quien se ausentó de las dos primeras audiencias y éstas fueron postergadas para la jornada alegando que sus entonces abogados renunciaron y el nuevo defensor, Arenas, requería tiempo para conocer el expediente.

En mayo, la Procuraduría General --que en Colombia es una instancia que puede imponer sanciones disciplinarias a funcionarios y ex funcionarios-- suspendió del cargo a Moreno por tres meses, sanción que extendió por otros tres meses y hasta tanto la investigación determine la responsabilidad "disciplinaria" de Moreno en la ejecución de contratos en la capital.

Moreno y su hermano, el ex senador Iván Moreno, han estado desde fines de 2010 involucrados en un escándalo sobre supuestos cobros de comisiones ilegales, que la Fiscalía dijo en la jornada que era entre 8% a 10% del valor de cada contrato, para la entrega y ejecución de contratos de obras públicas en esta capital.

Ambos lo han negado, mientras miembros de empresas contratistas de las obras han dicho que al menos el ex congresista Moreno --en prisión desde fines de abril por orden de la Corte Suprema-- cobraba un porcentaje del valor del contrato a cambio de asignar la obra. Moreno ha dicho que sus adversarios dicen "mentiras" porque están buscando beneficios legales para reducir sus penas.

Por las investigaciones, los testimonios recabados de otros sospechosos y documentos de las empresas contratistas "lo que la Fiscalía encuentra es una traducción un poco brusca (de los hechos), es la entrega de coimas", dijo el fiscal González.

"Usted estaba al tanto de la situación...usted era el superior...y se mantenía informado. Usted los direccionó" los contratos, dijo el fiscal de pie ante Moreno.

Entre esos contratistas figuran tres empresarios detenidos desde abril señalados por la Fiscalía de pagar las comisiones para conseguir los contratos. Las obras, entre las que figuran reformas en una vía clave de la ciudad conocida como la calle 26, no fueron concluidas.

Según la Fiscalía, en los irregulares contratos para obras de infraestructura el erario fue desfalcado en unos 1.222 millones de dólares.

Los hermanos Moreno son nietos del ex presidente colombiano Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957).