Los partidarios del grupo conservador Tea Party se preparaban para manifestarse el martes en apoyo a la entrada en vigencia de la nueva ley contra la inmigración ilegal en Alabama.

Los integrantes del grupo Rainy Day Patriots convocaron a una manifestación para la noche del martes en Hoover a favor de la ley, que tuvo el respaldo de los republicanos.

Los organizadores expresaron confianza en que enviarán con su movilización un mensaje a la jueza federal de quien depende la ratificación de la normativa.

La jueza Sharon Blackburn ha aplazado la entrada en vigencia de la ley hasta que decida si es constitucional o no.

Los simpatizantes de la normativa aseguran que los estados deberían tener el derecho a combatir la inmigración ilegal, alegando que el gobierno federal no lo hace con eficacia.

Entre otros aspectos, la ley convierte en infractor de un delito a quien a sabiendas contrate o asista a personas si éstas carecen de permiso para residir legalmente en Estados Unidos.

El lunes, decenas de agricultores de una de las principales áreas agrícolas de Alabama le pidieron a legisladores que hagan cambios de emergencia a la dura ley migratoria del estado porque, dijeron, están en riesgo cosechas valuadas en millones de dólares debido a la súbita ausencia de inmigrantes para levantarlas.

Sin embargo, los legisladores respondieron que no pueden hacer nada con la ley por ahora, y que se necesitarían meses para hacer cambios.

Unos 50 productores agrícolas atestaron el comedor de una parada de camiones ubicada a unos 72 kilómetros (45 millas) al norte de la ciudad de Birmingham.

Le suplicaron a tres legisladores del norte de Alabama cambios a la ley migratoria para salvar lo que calificaron como el alma de las operaciones agrícolas en el estado: los trabajadores hispanos que cosechan vegetales, recogen aves de gallineros, levantan papas y hacen las cajas de cartón que contienen los productos del campo.

Esos trabajadores han dejado el estado porque se sienten intimidados por la ley, y su ausencia significa la pérdida de valiosos sembradíos, advirtieron los agricultores.

Kim Haynes aseguró que ha perdido casi la mitad de los trabajadores que necesita para levantar una cosecha de papa en 10 hectáreas (25 acres). También expresó el temor de que el resto de los empleados hispanos saldrá del estado si un juez federal permite que la legislación entre en vigencia en los próximos días.

"Sin ellos no habrá cultivos cosechados de manera eficaz", advirtió Haynes, de la localidad de Cullman.

La ley considera como delito dar empleo a un inmigrante que no tenga autorización para estar en el país, así como asistirlo para que permanezca en territorio estadounidense. Le permite a la policía encarcelar a las personas incapaces de demostrar su presencia legal en la nación. Los agricultores dijeron que muchos trabajadores hispanohablantes que están con o sin permiso en el país han abandonado Alabama por miedo.

Los agricultores reunidos dijeron que les gustaría emplear a ciudadanos estadounidenses para el trabajo, pero que pocos están dispuestos a sudar en el campo y a ensuciarse aun cuando los salarios son mayores al mínimo.

"Usamos mano de obra hispana porque no tenemos otra opción. No podemos encontrar a nadie más que haga este trabajo", dijo Jeremy Calvert, de Bremen.

El subcomisionado de Agricultura Wayne Walker dijo que las autoridades estatales temen que las pérdidas económicas relacionadas con la ley sumen decenas de millones de dólares si los agricultores no pueden hallar suficiente ayuda.