Una corte española el viernes halló a dos dirigentes de la extrema izquierda vasca culpables de pertenecer a una organización proscrita y los condenó a 10 años de cárcel por intentar revivir el ala política de la organización terrorista vasca ETA.

Arnaldo Otegi, ex líder del partido proscrito Batasuna, y Rafael Díez Usabiaga, ex dirigente del sindicato pro etarra LAB, podrán apelar la sentencia dictada el viernes por la Audiencia Nacional. Esta impuso además 8 años de reclusión a Mirén Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto y absolvió a José Luis Moreno, Amaia Esnal y José Manuel Serra.

Otegi estuvo encarcelado 15 meses por delitos relacionados con ETA y salió libre en 2008 para ser detenido nuevamente en 2009 por el caso actual, la fundación de Bateragune, la sucesora de Batasuna, proscrita en el 2003 con el argumento de que formaba parte de ETA.

La ETA ha matado a 829 personas desde 1968 en una campaña de atentados para formar un país vasco independiente con cuatro provincias del norte de España y tres del sudoeste de Francia.

En la última década, Otegi ha sido quizá el rostro más visible de la extrema izquierda vasca independentista entre aquellos que se niegan a condenar a ETA.

Empero, recientemente él y otros de su movimiento han rechazado públicamente la violencia — aunque sin condenar a ETA o pedir que deponga las armas — como forma de alcanzar la independencia vasca y cambiar el sistema social y político vigente, sosteniendo que esos objetivos deben ser buscados pacífica y democráticamente.

En este caso, Otegi y Usubiaga fueron convictos por intentar reemplazar a Batasuna por el partido Beteragune. Durante el juicio, concluido en julio, ambos sostuvieron que este grupo fue el que convenció al movimiento abertzale (campesino en vascuence) para que rechazara la violencia.

Empero, el tribunal falló el viernes Otegi y Usubiaga actuaron siguiendo las órdenes de ETA para crear un nuevo brazo político que permitiera a la banda acceder a las instituciones por medios políticos, como las elecciones.

ETA declaró una tregua unilateral en septiembre del año pasado y no ha cometido homicidio alguno en más de dos años, aunque algunos de sus miembros han sido detenidos en Francia y España por tenencia de explosivos, porte ilegal de armas de fuego y robo de vehículos en ese lapso.

El gobierno socialista sostiene que la banda ha sido debilitada con las detenciones de sus miembros y el mermante respaldo popular, aunque descarta negociar otra vez con ETA, insistiendo que debe rendirse incondicionalmente y deponer las armas.