La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) denunció hoy que paramilitares descuartizaron vivas a dos de las trece personas que secuestraron hace poco en el sur del país.

Las víctimas eran campesinos de 21 y 33 años que vivían en Pesquería, paraje rural de la localidad de Cumbitara en el que el pasado día 12 irrumpieron miembros de Los Rastrojos, precisó la Oacnudh en un comunicado difundido en Bogotá.

"Delante de todas las personas los descuartizaron vivos con machetes", denunció la misma fuente, y apuntó que "después, arrojaron los restos al río Patía".

Los campesinos hacían parte de un grupo de lugareños que el pasado lunes quedaron a merced de unos treinta paramilitares que "amenazaron a la población, saquearon tiendas y reunieron a la comunidad", según lo documentado por la Oacnudh, que estableció que "acusaron a los habitantes de ser colaboradores de la guerrilla".

La agencia de derechos humanos de la ONU confirmó que Los Rastrojos secuestraron a trece personas, nueve de las cuales fueron dejadas en libertad posteriormente.

Otras dos, una trabajadora sexual y un hombre, fueron asesinadas, mientras que la suerte de las otras dos, empleadas de un bar, se desconoce, agregó la Oacnudh.

Al parecer, la acción generó un desplazamiento de más de 70 lugareños de diez caseríos de las poblaciones de Cumbitara y Magüi Payán, continuó la Oacnudh, e indicó que los desarraigados recibieron albergue en la Casa de la Cultura de la segunda localidad.

Ambas pertenecen a Nariño, departamento de la frontera sur con Ecuador y uno de los más afectados por la actividad de grupos guerrilleros, de neoparamilitares y de narcotraficantes.

Además de la incursión de Los Rastrojos, en la región se han presentado combates de este grupo con guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que, al parecer, persiguen a campesinos que se han negado a que "sus hijos fueran reclutados forzosamente", según advirtió la misma fuente.

La Oacnudh denunció que estos enfrentamientos mantienen en "situación de confinamiento" a los habitantes de cuatro aldeas, entre ellas la de Pesquería, lo que ha causado "escasez de alimentos y de otros productos esenciales".

Tras condenar los crímenes y exigir a los grupos ilegales que respeten sin condiciones a la población civil, la Oacnudh urgió al Estado a que proteja la vida y la integridad de estas comunidades y de sus líderes, y a que persiga, detenga y deje en manos de la justicia a los responsables de los crímenes.