El Estado peruano es el único propietario de los terrenos en los que se encuentra el parque arqueológico y santuario histórico de Machu Picchu, precisó hoy el Ministerio de Cultura.

El director de Conservación del Patrimonio de la Dirección Regional de Cultura del Cuzco, Elías Carreño, afirmó que las demandas de indemnización o expropiación del valor de los terrenos planteadas por las familias Zavaleta y Abril, que aducen ser dueños de la ciudadela, "carecen de validez", según una nota de prensa del ministerio.

Carreño explicó que el terreno está inscrito en la ficha Nº 17699 del Libro de la Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Cuzco, la región en la que está el santuario inca.

Las declaraciones de Carreño se conocen después de que ambas familias reclamasen al Estado peruano la propiedad de Machu Picchu y sus terrenos colindantes y anunciaran este mes una queja ante la Unesco, según adelantó su abogado, Fausto Salinas, a Efe.

Carreño agregó, en la nota de prensa, que "en la historia del derecho del Perú siempre se ha consagrado que el Estado es propietario de los vestigios y bienes arqueológicos inmuebles en todas sus expresiones, al igual que otros países del mundo".

En tal sentido, recordó un decreto del 22 de abril de 1822 que establece que los monumentos que quedan de la antigüedad del Perú son propiedad del Estado.

Las familias Abril y Zavaleta mantienen desde 2004 un litigio con el Estado peruano en el que reclaman la propiedad de las ruinas, en el caso de los Abril, y de 22.000 hectáreas de terreno que forman en la actualidad parte de los alrededores: el Parque Arqueológico Machu Picchu.

Según su abogado Salinas, los derechos de propiedad de esas tierras se encuentran registrados legalmente desde el siglo XIX, cuando se inició el registro de la propiedad en la zona, y desde 1944 están a la espera de que el Estado les pague por una expropiación cuyo procedimiento legal nunca se produjo.

En esa fecha, los Abril vendieron el fundo que incluía las ruinas y los terrenos a los Zavaleta, sin embargo, en el documento de venta se señala que los restos arqueológicos no son parte del contrato porque estaban en trámite de ser expropiados.

Posteriormente, el Estado registró la propiedad, pero ambas familias no reconocen ese trámite por presuntas irregularidades.

La denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) será por el presunto incumplimiento de la Convención de Patrimonio e Inmuebles, y busca que el organismo internacional llame la atención al Estado peruano por la demora en la resolución judicial del problema.