Estados Unidos determinó que Bolivia y Venezuela "fracasaron ostensiblemente" durante los últimos 12 meses en realizar esfuerzos significativos para cumplir las obligaciones a las que se han comprometido según acuerdos internacionales antinarcóticos.

Tal como lo debe hacer cada año en cumplimiento de la ley de autorización de relaciones exteriores (FAA por sus siglas en inglés), el presidente Barack Obama notificó al congreso cuáles países productores o que sirven de tráfico de droga "afectan significativamente a Estados Unidos", anunció el Departamento de Estado en un comunicado de prensa.

La lista del Departamento de Estado de este año mencionó a 22 países incluyendo a Bahamas, Belice, Burma, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana.

"En los casos de Bolivia y Venezuela, el presidente ha exonerado sanciones posibles según la ley estadounidense, para que Estados Unidos pueda seguir apoyando programas específicos en beneficio de los pueblos de Bolivia y Venezuela", señala el comunicado, el cual aclara que la designación puede reflejar una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos.

Bolivia y Venezuela son dos países en América Latina donde no hay embajador estadounidense en la actualidad.

The Associated Press envió un correo electrónico a la embajada venezolana y dejó un mensaje en la sede diplomática boliviana en Washington para obtener un comentario, pero no ha habido respuesta.

El gobierno del presidente Evo Morales analizaba el jueves en Bolivia el dictámen estadounidense para pronunciarse públicamente, informó un funcionario que no está autorizado a emitir declaraciones.

El mandatario calificó similares evaluaciones en el pasado de políticamente motivadas. La decisión de Washington se conoce tres dias después de un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que señaló que los cultivos de coca en este país sólo crecieron en 0,3% en 2010, el incremento más bajo de los últimos cinco años.

El Departamento de Estado emitió su comunicado el mismo día que el gobierno venezolano exigiera a Estados Unidos que cese una "campaña de mentiras y agresiones" y casi una semana después de que la Cancillería venezolana protestara verbalmente ante la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en Caracas, Kelly Keiderling.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro, catalogó como narcotraficantes a Amílcar Figueroa, representante de Venezuela en el Parlamento Latinoamericano, al general del ejército Cliver Alcalá Cordones, al congresista oficialista Freddy Bernal y al funcionario de inteligencia Ramón Madriz.

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El corresponsal de AP en Bolivia, Carlos Valdez, colaboró con este despacho