La reciente promulgación de la Ley de Consulta Previa en Perú está generando nuevas perspectivas para incluir socialmente a las múltiples culturas que integran el país en el proceso de desarrollo nacional.

"Por primera vez en la historia este Estado es pluricultural", mencionó el viceministro de Interculturalidad Vicente Otta Rivera al hablar de la nueva Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, promulgada el 6 de septiembre por el presidente Ollanta Humala.

Se trata de una ley a favor de la inclusión social largamente esperada por las comunidades indígenas y campesinas del Perú, ya que con ella los pueblos originarios tendrán la posibilidad de opinar sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten a sus derechos.

La ley prevé también que se les consulte sobre los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional que los involucren.

Esta ley se basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sigue los pasos a otras como las promulgadas en Venezuela y Bolivia por los mandatarios Hugo Chávez y Evo Morales respectivamente, orientadas a defender los derechos de estos pueblos.

Según señala el convenio, debe otorgarse a los pueblos indígenas "sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera".

Los conflictos sociales están en aumento en Perú y suelen ir de la mano del auge de las inversiones en los recursos naturales del país.

Según la Defensoría del Pueblo, desde diciembre de 2007 hasta abril de 2011, estos conflictos subieron de 78 a 233 casos debido, en su mayoría, a las actividades de exploración y explotación de las compañías mineras y energéticas en la sierra y en la selva.

Los indígenas son protagonistas de una gran mayoría de esos conflictos, como el registrado en 2009 en la provincia selvática de Bagua, en el Amazonas, que dejó 34 muertos, 24 de ellos policías.

Las comunidades indígenas de Bagua protestaban contra de las operaciones de la industria petrolera en la región y reclamaban precisamente una ley basada en el convenio 169 de la OIT que obligue al Estado a consultar a las comunidades nativas antes de aprobar proyectos de desarrollo en sus tierras.

Se trató de un enfrentamiento que, según señaló Oxfam América a través del documento "A la espera de una ley" de Cecilia Niezen, evidenció "las profundas brechas entre el gobierno y los pueblos indígenas".

Por ello es significativo que el presidente Humala eligiera como lugar para promulgar la Ley de Consulta Previa el pasado 6 de septiembre el poblado de Imacita, en la provincia de Bagua.

Si bien con esta ley se inicia una nueva etapa hacia la inclusión social, para que de resultados es necesario, como señaló el viceministro de Interculturalidad, "involucrar a todos los sectores".

Esto significa incorporar en esta línea de trabajo a todos los ministerios y dependencias estatales a lo largo del país.

Además, para una real ejecución de la ley aún se tiene que realizar un censo oficial de los pueblos originarios que alberga el país y un consecuente catastro para el ordenamiento territorial.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la información registrada por el Censo Nacional de 2007 y el II Censo de Comunidades Indígenas señala que existen 1.786 comunidades, a las que hay que sumar los grupos campesinos que, según las cifras manejadas por el Grupo Allpa, alcanzan los 5.818.

Diana Bernaola