El Gobierno español aprobará el próximo viernes la reintroducción del impuesto del patrimonio, una tasa que gravará a los contribuyentes con mayores fortunas y con la que el ejecutivo espera recaudar mil millones de euros anuales para paliar el déficit público.

A cerca de dos meses de las elecciones generales del 20 de noviembre, la vuelta de dicho impuesto -que se aplicó por última vez en 2007 antes de ser anulado por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero- se ha situado en el centro del debate preelectoral entre el PSOE y la principal fuerza de la oposición, el Partido Popular.

Con las encuestas en contra y augurando la llegada al poder y con mayoría absoluta del PP, el candidato socialista a jefe de Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, decidió recuperar este impuesto en lo que se interpreta como un claro guiño a la izquierda, sus votantes naturales.

Tras varios días de especulaciones, el ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, dio hoy cifras concretas, al señalar que el impuesto afectará sólo a 90.000 personas, los contribuyentes que tengan un patrimonio superior al millón de euros.

Blanco, en declaraciones a la radio Cadena COPE, negaba así que el impuesto vaya a ir en detrimento de la clase media, en el contexto de la grave crisis económica que atraviesa el país.

"Aquí no se persigue nada. Se trata de que la gente que tiene grandes patrimonios contribuya a la hacienda pública", señaló el portavoz.

Blanco respondía así a las críticas lanzadas estos días por los dirigentes del PP, que acusaron a los socialistas de perseguir a los ahorradores.

El portavoz socialista explicó hoy que en 2007, último año de la aplicación del impuesto sobre el patrimonio, el 75 por ciento de la recaudación - que alcanzó los 2.000 millones de euros- procedía del 25 por ciento de los ciudadanos que lo pagaban, es decir, que un 25 por ciento contribuía con 1.400 millones de euros.

"Eso son gente que tiene grandes patrimonios y grandes fortunas. Y si hay algunos que consideran que los que tienen grandes patrimonios y grandes fortunas no deben de contribuir y que es mejor, por ejemplo, suprimir profesores, como se está haciendo en Castilla-La Mancha, Madrid o Galicia, que lo digan", subrayó Blanco en referencia a los recortes adoptados por regiones autónomas gobernadas por el PP.

Blanco hizo hincapié en que el 70 por ciento de los ciudadanos declaran rentas inferiores a los 24.000 euros, y se preguntó "cuánta gente hay" que tengan un patrimonio superior al millón de euros.

También recordó que antes de anularse, ese impuesto gravaba todos los patrimonios superiores a 108.000 euros, lo cuál no será el caso ahora.