Un miembro de una organización defensora de los derechos humanos fue condenado a seis años de cárcel acusado de vínculos con la guerrilla de las FARC, según un documento del tribunal que profirió la sentencia y conocido el miércoles.

La condena es una "persecución contra las organizaciones sociales", reaccionó Alejandro Sierra, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

El juez penal Marcelino Isaza, de un juzgado en la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia y a 250 kilómetros al noroeste de Bogotá, profirió la sentencia condenatoria en contra de Wiston Gallego Pamplona por el delito de rebelión por su relación con las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según una copia de la sentencia obtenida en la jornada por la AP.

Gallego, que permanece prófugo, integra la organización no gubernamental Fundación Sumapaz, defensora de derechos humanos que, a su vez, pertenece al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

También se le condenó a pagar en favor del Estado una multa equivalentes a poco más de 29.500 dólares, según el fallo emitido el pasado 31 de agosto.

De acuerdo con el fallo, en febrero de 2009 el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía produjo un informe de inteligencia en el que "se informa de las actividades subversivas que venían desarrollando los miembros del PC3 (o partido comunista clandestino colombiano), manifestando que entre los militantes de esta organización se encontraba el procesado Gallego Pamplona, alias 'El Gordo".

Además, varios ex militantes de las FARC sostuvieron ante las autoridades que vieron a "El Gordo" en reuniones de las milicias urbanas de esa guerrilla en Medellín y en la estatal Universidad de Antioquia, según el fallo.

La condena es una "persecución contra las organizaciones sociales de Medellín en las que el compañero Wiston se ha destacado por su trabajo", dijo en diálogo telefónico Sierra, del grupo Movice, en Antioquia.

Explicó que Gallego fue capturado en junio de 2009, estuvo un año en prisión un año y recuperó la libertad porque se vencieron los tiempos contemplados en la ley para acusarlo.

Consideró la sentencia contra Gallego como injusta porque dijo que la Fiscalía presentó contra él informes de inteligencia "llenos de inconsistencias" y, en parte, provenientes de una brigada del Ejército con sede en Medellín.

En tanto, el jurista Jaime Restrepo, abogado de dos personas que se acreditaron en el proceso como parte civil o víctimas de amenazas y lesiones personales por parte del PC3, dijo telefónicamente que "es un fallo histórico porque es la primera vez, según la información que tengo, que se condena a un integrante del PC3".