Las víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos, disgustadas de que ningún dignatario católico de alto rango haya sido juzgado por encubrir a sacerdotes culpables, apelaron el martes a la Corte Internacional de Justicia para reclamar una investigación del Papa y altos cardenales del Vaticano por posibles delitos de lesa humanidad.

El Centro de Derechos Constitucionales, un grupo legal sin fines de lucro con sede en Nueva York, solicitó la investigación en nombre de la Red de Sobrevivientes, argumentando que la Iglesia ha mantenido "un prolongado y dominante sistema de violencia sexual" pese a las promesas de erradicar expeditivamente a los culpables.

El Vaticano dijo que no tenía comentarios que formular inmediatamente.

La denuncia nombra al papa Benedicto XVI, parcialmente por haber dirigido en el pasado la Congregación para la Doctrina de la Fe, que en el 2001 recibió la responsabilidad de supervisar los casos de abusos; el cardenal William Levada, actual director de esa congregación; el cardenal Angelo Sodano, secretario de estado durante el papado de Juan Pablo II, y el cardenal Tarcisio Bertone, actual titular de ese cargo, el segundo en jerarquía en el estado del Vaticano detrás del pontífice.

Los abogados de las víctimas dicen que la violación, la violencia sexual y la tortura están considerados crímenes de lesa humanidad según el tratado internacional por el que se rige el tribunal. La denuncia también acusa a funcionarios del Vaticano de crear políticas que perpetuaron el daño, equivalentes a un ataque contra la población civil.

Barbara Blaine, presidenta del grupo Red de Sobrevivientes de Abusados por Sacerdotes, con sede en Estdaos Unidos, dijo que apelar ante el tribunal era un último recurso.

"Hemos tratado todo lo imaginable para hacerlos detener y no resultó", dijo a la Associated Press. "Si el Papa lo deseara, podría tomar una medida enérgica en cualquier momento para ayudar a proteger a los niños hoy y en el futuro, y se niega a tomarla".

La probabilidad de que el tribunal investigue el caso son mínimas. El fiscal ha recibido casi 9.000 propuestas independientes de investigaciones desde el 2002, cuando fue creado como el único tribunal permanente para crímenes de guerra, y nunca ha abierto una investigación formal basada solamente en un pedido de ese tipo.

En cambio, el fiscal argentino Luis Moreno Ocampo ha investigado delitos como genocidio, asesinato, violación y reclutamiento de niños como soldados en conflictos que van desde Darfur, en Sudán, hasta la violencia de este año en Libia. Estos casos han sido remitidos al tribunal por los países donde se cometieron las atrocidades o por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Por otra parte, la Santa Sede no es estado miembro de la corte, lo que significa que los fiscales no tienen jurisdicción automática allí, aunque la denuncia abarca casos de abusos en distintos países, muchos de los cuales reconocen la jurisdicción de ese tribunal.

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En línea:

Center for Constitutional Rights: http://ccrjustice.org/