El Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica ordenó al Estado expropiar unas 4.500 hectáreas de tierras indígenas en el Caribe que están en manos de personas que no son aborígenes, para devolverlas a sus dueños originales.

Danilo Chaverri, el abogado que representó a los indígenas en el juicio, afirmó hoy a Efe que la sentencia es "histórica" para el país y los indígenas bribris de la reserva Keköldi, que fue creada por decreto presidencial en 1977, pero que sufrió modificaciones en 1997 y 2001.

"Es histórico porque es la primera vez que los indígenas demandan al Estado y por consiguiente nunca los indígenas habían tenido un fallo en ese sentido", aseguró Chaverri.

Agregó que aparte de la necesidad de poseer terrenos, "las tierras tienen un significado especial" para los indígenas porque hay lugares que consideran sagrados.

La sentencia, dictada el lunes, ordena al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai) expropiar los terrenos que son parte de la reserva indígena Keköldi, del pueblo Bribri, ubicado en la comunidad de Talamanca, provincia de Limón (Caribe).

"La obligación de recuperar terrenos en territorios indígenas que no estén siendo ocupados por personas indígenas viene impuesta por convenios internacionales como el 169 (de la Organización Internacional del Trabajo). El Poder Ejecutivo, como cabeza del Gobierno, debe adoptar las medidas necesarias para organizar al pueblo indígena de Keköldi", indica la sentencia.

El abogado Chaverri comentó que el tribunal lo que hizo fue reafirmar lo que dice la Ley Indígena, creada en la década de los setenta, acerca de que el Estado es el responsable de recuperar las tierras indígenas y devolverlas a sus propietarios originales.

Chaverri dijo que durante décadas el Estado ha incumplido con esa ley y que los indígenas solían iniciar largos procesos judiciales en contra de particulares que invadían sus tierras, por lo que prevé que la sentencia contra el Estado se trate de un "antecedente positivo" para más demandas similares en el futuro.

En las tierras reclamadas por los aborígenes en Keköldi viven unas 300 personas no indígenas que ahora deberán ser expropiados por el Estado.

Las instituciones estatales tienen un mes para determinar quiénes son sujetos a expropiaciones y a partir de allí deberán efectuar un estudio sobre el valor de las tierras en un plazo de seis meses, para luego, dentro del plazo de un año, adquirir las tierras y devolverlas al pueblo autóctono.

Chaverri, quien trabaja con indígenas desde hace algunos años, dijo que ha presentado dos denuncias similares que buscan la recuperación de tierras en las comunidades Cabécar y Bajó Chirripó, ambas en la provincia de Limón (Caribe), que aún no han sido resueltas.