Un mexicano que vive de manera ilegal en Estados Unidos planea declararse culpable de participar en un grupo que presuntamente fabricó y distribuyó documentos de identificación falsos, según registros de una corte federal en Misisipí.

Pastor Quihua González es una de 11 personas acusadas en la presunta confabulación para falsificar tarjetas del Seguro Social, licencias de manejo y tarjetas estatales de identificación. La mayoría de los acusados están en el país de manera ilegal.

Fiscales señalaron que han identificado aproximadamente 80 identidades reales que fueron utilizadas para la producción de los documentos fraudulentos.

Maura D. McLaughlin, abogada de Quihua, dijo el viernes en documentos presentados a la corte que su cliente, de 25 años, tiene la intención de declararse culpable de conspiración. El juez federal de distrito Keith Starrett estableció una audiencia para el 6 de octubre en Hattiesburg.

McLaughlin no respondió de inmediato el martes un mensaje de la AP para conocer sus comentarios.

Registros de la corte detallaron una refinada operación por medio de la cual presuntamente se enviaban nombres y fotografías por teléfono celular, y luego eran utilizados en documentos falsos. También había una jerarquía en el grupo, con algunos actuando como administradores y otros como distribuidores, según los expedientes.

Una persona presuntamente involucrada arregló vender una tarjeta de identificación y una de Seguro Social con los mismos nombres por 600 dólares, señala el acta procesal.

La sumatoria no lista cada estado en el que fueron falsificados los documentos, pero menciona a Texas y Pensilvania.

Fiscales señalaron que el grupo operaba en Hattiesburg y Laurel. Laurel fue el sitio donde ocurrió la mayor redada de la nación en un centro de trabajo contra inmigrantes sin permiso de estancia en el país, en la cual fueron detenidos 600 obreros de una planta en el 2008. La mayoría de ellos fueron deportados, pero otros fueron acusados de robo de identidad y fraude.

Las autoridades dijeron que el grupo involucrado en el caso actual no está conectado a quienes enfrentaron cargos similares después de la redada en Howard Industries en Laurel.