La Corte Suprema de Justicia aceptó el martes que ocho personas, entre magistrados, ex magistrados de ese tribunal y políticos, sean consideradas víctimas en un caso de presunto espionaje realizado por la policía secreta.

La audiencia pública en la Corte fue encabezada por el magistrado Fernando Castro Caballero, quien anunció las distintas decisiones antes las partes y la prensa.

En el primer día del juzgamiento de dos importantes colaboradores del ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010) por el caso de espionaje, la Sala Penal de la Corte tomó varias decisiones, como aceptar como parte civil o víctimas de seguimientos e interceptaciones telefónicas ilegales a la ex senadora Piedad Córdoba y al ex candidato presidencial Gustavo Petro, así como a cinco integrantes del alto tribunal.

Antes del inicio de la audiencia pública del juicio, y debido a que también habían sido blanco de las labores de espionaje, siete de los nueve magistrados de la Sala Penal se declararon impedidos para conocer la causa en contra de Bernardo Moreno, ex secretario general de Uribe, y María del Pilar Hurtado, ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o la policía secreta, los dos ex funcionarios enjuiciados.

En reemplazo de esos siete magistrados fueron nombrados siete conjueces.

Moreno acudió a la audiencia con sus abogados, pero la exdirectora del DAS estuvo ausente porque se encuentra asilada en Panamá desde fines del 2010. Tampoco estuvieron ni la ex senadora Córdoba ni el ex candidato Petro, sino sus representantes.

Entre los magistrados que fueron aceptados como víctimas están Augusto Ibáñez, presidente de la Corte entre 2009 y 2010, e Iván Velásquez, el principal investigador de los nexos entre políticos y las bandas paramilitares.

La Corte, sin embargo, desestimó las pretensiones del no gubernamental Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" y del partido Polo Democrático Alternativo de convertirse en partes civiles del proceso porque no figuraban en la acusación de la Fiscalía.

Tanto Moreno, quien está detenido desde finales de julio pasado, como Hurtado han negado haber realizado las labores de espionaje por las que fueron acusados por la fiscal general Viviane Morales.

Ambos hacen parte de una vasta investigación sobre aparentes escuchas telefónicas y seguimientos ilegales entre 2007 y 2008 desde el DAS a magistrados de la Corte, periodistas, opositores, activistas de derechos humanos y funcionarios del gobierno.

Moreno fue acusado por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. A Hurtado se le acusa, además, de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

La ex jefa policial es fugitiva de la justicia desde mayo de 2011, cuando un juez de Bogotá ordenó su captura. Viajó a Panamá, cuyo gobierno ha dicho que mantendrá su asilo, que lo tramitó con ayuda del ex presidente Uribe.

Ex funcionarios de la policía secreta que hicieron el seguimiento dijeron que recibieron instrucciones de Moreno y Hurtado para realizar ilegalmente las tareas de espionaje.

Moreno y su abogado defensor mantienen que esos ex detectives dieron falsos testimonios buscando reducir sus condenas y que no han presentado evidencias que sustenten sus señalamientos.

El escándalo sobre el espionaje fue denunciado por la prensa local en febrero de 2009.

La Fiscal Morales informó con anterioridad, que 30 ex funcionarios hacen parte del proceso y que 16 de ellos ya están bajo arresto.

Uribe sólo puede ser investigado, según las leyes, por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que el 18 de agosto pasado --a petición del propio ex mandatario-- lo escuchó en "diligencia de versión libre y espontánea" o un interrogatorio. Negó entonces haber ordenado alguna vez las labores de espionaje y atribuyó esos señalamientos a falsos testimonios.

Sin embargo, no negó que se hubiese registrado algún seguimiento. También destacó que él y varios miembros de su gabinete fueron objeto de las interceptaciones telefónicas.

Algunos críticos de Uribe han dicho que es inocua su comparecencia ante la comisión legislativa que es conocida por su lentitud y por no producir fallos. La entidad aún no ha decidido si abre una causa formal al ex gobernante.