Una de las pesadillas públicas después de los ataques del 11 de septiembre del 2001 era que los terroristas pudieran envenenar los alimentos.

Para tranquilizar al público, el entonces presidente George W. Bush prometió establecer un cerco protector en torno del suministro alimenticio y defenderlo desde el campo hasta el consumidor.

Un análisis de la Associated Press sobre los programas oficiales halló que el gobierno ha invertido por lo menos 3.400 millones de dólares en contraterrorismo alimentario en la última década, pero los programas clave han quedado asfixiados en medio de una enorme burocracia. Y sin una sola agencia a cargo, las autoridades admiten que es imposible medir si las huertas o los lotes de alimentos están efectivamente más seguros.

El martes, un subcomité del Senado efectuará una audiencia para examinar un nuevo informe del Congreso que revela fallas federales en la protección del ganado y los cultivos desde el 11 de septiembre. Días después del décimo aniversario de los ataques, los legisladores exigen respuestas sobre amenazas alimentarias potenciales e informes de que el gobierno podría haber desperdiciado dinero en programas antiterroristas en la agricultura.

"La verdad es que nadie está a cargo", afirmó John Hoffman, ex asesor de seguridad de biovigilancia y defensa alimentaria en el Departamento de Seguridad Nacional, que rendirá testimonio durante la audiencia. "Nuestra vigilancia todavía no funciona, nuestra inteligencia todavía no funciona, y no lo estamos haciendo tan bien para detectar lo que traspone la frontera".

Las máximas autoridades nacionales para la defensa alimentaria insisten en que las iniciativas han hecho más seguro el suministro de alimentos y que las inversiones han preparado a la nación para responder a las emergencias. Ningún grupo terrorista ha amenazado la cadena alimentaria en la última década, y las mayores intoxicaciones con alimentos no han provenido de ataques del extranjero sino de huevos con salmonela producidos en granjas de Iowa que enfermaron a casi 2.000 personas.

La AP entrevistó a decenas de funcionarios y ex funcionarios federales y analizó los gastos y los registros de los programas de las principales iniciativas alimentarias, y halló lo siguiente:

— El sistema fragmentado no deja la responsabilidad en manos de una sola agencia, lo que a veces demora el proceso. Los auditores federales hallaron que un programa del Departamento de Agricultura para detectar agentes químicos, biológicos y radiológicos no funcionaba adecuadamente después de cinco años de su puesta en marcha, debido en parte a que las agencias no se ponían de acuerdo acerca de quién estaba a cargo.

— Los esfuerzos por trasladar un anticuado laboratorio para enfermedades de animales de una isla cerca de la ciudad de Nueva York se interrumpieron después que prominentes científicos detectaron que era probable que se provocara un brote accidental de aftosa en la nueva instalación.

— El congreso se pregunta si los 31 millones de dólares que el Departamento de Seguridad Nacional gastó para crear un centro moderno para detectar amenazas biológicas a los alimentos ha cumplido algo hasta ahora debido a que las agencias no lo emplean para compartir información.

— Pese a los miles de millones de dólares invertidos en la defensa alimentaria, muchos de los cambios instrumentados por el gobierno son recomendaciones a las que el sector privado no está obligado. Como consecuencia, es difícil registrar los éxitos o los fracasos, y los logros del sistema quedan mayormente fuera de conocimiento público.