El juez argentino Otilio Romano, que huyó a Chile al ser suspendido en su cargo por 103 delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1976-1983), será juzgado por el Consejo de la Magistratura antes de fin de año, según estableció hoy ese cuerpo, informaron fuentes judiciales.

Las fuentes estimaron en declaraciones a la agencia estatal Télam que el proceso se llevará a cabo "entre octubre y noviembre", aunque legalmente el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de la designación y remoción de los jueces, tiene plazo hasta febrero para expedirse.

Romano, juez de la provincia de Mendoza (oeste), fue suspendido el pasado 25 de agosto, pero una día antes viajó a Chile, donde solicitó asilo político y ya obtuvo una visa de residencia de ocho meses.

Intepol comunicó la novedad el jueves pasado al juez federal de Mendoza, Walter Bento, quien, después de que se conociera la salida de Argentina de Romano, le citó a declarar por su procesamiento como partícipe en casos de secuestros, torturas, desapariciones de personas y allanamientos ilegales cometidos cuando era fiscal de esa provincia vecina a Chile.

El Consejo de la Magistratura siguió adelante con el procedimiento sin esperar la resolución del juez Bento, a quien la Fiscalía ya pidió que ordene la captura internacional de Romano.

El presidente de la Corte Suprema de Chile, Milton Juica, aseguró hoy que la Justicia tramitará un eventual pedido de Argentina para extraditar a Romano.

"Se trata de una persona que está pidiendo asilo y hay un mecanismo político para eso. Pero también hay un mecanismo jurisdiccional si las autoridades judiciales argentinas requieren a los tribunales chilenos para el pedido de extradición correspondiente", explicó Juica.

El máximo responsable del alto tribunal recordó que la Justicia chilena sólo podría intervenir en este caso si las autoridades argentinas emitieran un pedido de extradición.

"En la parte judicial, solo empezamos a operar cuando se haga un pedido formal de extradición", recalcó.