Grupos de uigures -la etnia túrquica de mayoría musulmana que habita el oeste de China- en el exilio lamentan que, con motivo de la guerra contra el terrorismo lanzada después de los atentados del 11 de septiembre de 2011 en EEUU, la opresión de su pueblo se incrementase de manera drástica.

"Pekín encontró entonces la perfecta excusa para oprimir cualquier forma de disensión pacífica" de este pueblo, se indica en un comunicado del Congreso Mundial Uigur (WUC, en inglés) recibido hoy por Efe.

Su presidenta, Rebiya Kadeer, varias veces candidata al Premio Nobel de la Paz, dijo que el régimen chino aprovechó la excusa del terrorismo, el separatismo y el extremismo religioso para oprimir, perseguir y ejecutar a centenares de uigures.

La postura de Pekín fue apoyada entonces por Washington a cambio del respaldo chino para la invasión de Irak y EEUU accedió a detener a 22 uigures en su base militar de Guantánamo, aunque todos ellos fueron después declarados inocentes y enviados a otros países con la oposición de China, recuerda WUC.

Más de 7.000 uigures fueron arrestados en la última década bajo la acusación de "poner en peligro la seguridad del Estado", la acusación que Pekín utiliza para casos de delitos de conciencia, según el grupo.

Además, más de 180 uigures fueron extraditados de manera forzosa a China en la última década, algunos de ellos cuando habían obtenido el estatus de refugiado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en terceros países, y varios de ellos fueron ejecutados, según la ONG.

Esta y otras organizaciones como Human Rights Watch recuerdan que se desconoce la situación de los uigures extraditados, entre ellos mujeres y niños, y alertan de su vulnerabilidad para ser objeto de torturas.

Estas extradiciones, prosigue WUC, se llevaron a cabo desde países como Camboya, Kazajistán, Kirguizistán, Laos, Malasia, Birmania, Nepal, Pakistán, Tailandia y Uzbekistán, después de que éstos recibieran presiones diplomáticas y económicas de China.

Pekín ha respondido a estas acusaciones asegurando que los grupos de derechos humanos atacan a China y que Pekín mantiene acuerdos "sobre inmigración ilegal" con otros países.

Estas extradiciones violan la Convención sobre Refugiados de la ONU 1951, y su Protocolo 1967, firmado por China, además del principio de "no extradición" de los miembros de la ONU.

Las mismas fuentes añadieron que "los países que han devuelto refugiados uigures a las autoridades chinas fueron premiados con beneficios económicos y diplomáticos".

A pesar de las acusaciones de terrorismo lanzadas por Pekín, la propia cancillería china reconoció esta semana que desconocía los vínculos con un grupo islamista pakistaní que dijo apoyar los recientes ataques en la región uigur china, donde este verano murieron 21 personas por ataques con armas blancas.

Los uigures, habitantes autóctonos de la región occidental de Xinjiang, representan hoy 8 millones del total de 20 que pueblan la región tras la llegada masiva de colonos chinos en las últimas décadas para explotar sus recursos naturales en beneficio de China, por lo que ha registrado conflictos étnicos similares a los del Tíbet y Mongolia.