La primera ministra de Australia, Julia Gillard, indicó hoy que su Gobierno propondrá una enmienda a la ley de inmigración para poder deportar a cientos de solicitantes de asilo a Malasia a cambio de refugiados.

El Ejecutivo pretende así evitar la sentencia del Tribunal Superior de Australia, que el pasado agostó declaró ilegal el acuerdo para intercambiar unos 800 solicitantes de asilo por 4.000 refugiados de la ONU residentes en Malasia.

"Tenemos la determinación de seguir con el acuerdo que hemos firmado con Malasia", dijo Gillard en una rueda de prensa en Camberra junto con el ministro australiano de Inmigración, Chris Bowen.

La enmienda permitirá que las solicitudes de asilo de los inmigrantes indocumentados que llegan a Australia puedan ser procesadas en un tercer país y dará cobertura legal al acuerdo con las autoridades malasias.

Según la jefa del Gobierno, el envío de los inmigrantes a un país tercero como Malasia actuará como una medida disuasoria para los traficantes de personas que fletan los barcos con dirección a Australia.

Gillard explicó que la propuesta que presentará ante el Parlamento, en una fecha no precisada, busca "restaurar la capacidad del Ejecutivo para adoptar medidas que se ajusten a la transferencia de solicitantes de asilo a terceros países".

Además del acuerdo con Malasia, el Gobierno australiano acordó con el de Papúa Nueva Guinea la apertura de un centro de detención en la Isla Manus, que junto con el Estado insular de Nauru fueron utilizados para estos fines por el Gobierno liberal de John Howard (1996-2007).

Sin embargo, la primera ministra, que gobierna en minoría, descartó Nauru como centro de tramitación de solicitantes de asilo, tal y como ha exigido en las últimas semanas el líder de la oposición, Tony Abbott.

Para Gillard, la reapertura de Nauru no contribuirá en la lucha contra la inmigración ilegal porque Australia terminó aceptando al 95 por ciento de las solicitudes de asilo que fueron procesadas en esa isla del Pacífico Sur.

Pero a pesar de que el actual Gobierno laborista no está de acuerdo con la reapertura de Nauru, las enmiendas permitirán a la oposición, cuando llegue al poder, reabrir Manús y Nauru, señaló la gobernante australiana.

Poco después del anuncio, el líder del Partido Verde, Bob Brown, dijo en rueda de prensa que la primera ministra "está equivocada" porque las enmiendas irán contra "las leyes internacionales", por lo que su formación no apoyará las enmiendas.

Por su lado, la alta comisionada adjunta para la Protección de ACNUR, Erika Feller, dijo ayer a la emisora local ABC desde Ginebra que tras la ilegalización del acuerdo con Malasia, el Gobierno de Australia necesita realizar "una revisión seria y una reforma seria" de sus sistema para tramitar las solicitudes de asilo.

En este momento, los miles de inmigrantes indocumentados detenidos en Australia se encuentran en alguno de los siete centros de detención o en otro tipo de instalaciones ubicadas en lugares aislados mientras se tramitan sus peticiones.