El orden en la discusión de los temas que interesan a los estudiantes trabó un incipiente diálogo con el gobierno para solucionar una extendida crisis que llevó a un 27% la popularidad del presidente Sebastián Piñera.

El fin del lucro con fondos públicos en la educación y la gratuidad de la misma, temas no compartidos por el gobierno, fueron puestos al final de un calendario oficial propuesto por el Ejecutivo a los estudiantes, para que sean discutidos en tres mesas de negociación que funcionarían durante septiembre.

Aunque los líderes universitarios rechazaron el cronograma, dijeron estar abiertos al diálogo y preparan una contraoferta que entregarán el lunes en el palacio presidencial, dijo Giorgio Jackson, uno de los voceros universitarios.

Agregó que si La Moneda acepta la contrapropuesta, que considera empezar las discusiones por el tema de las ganancias de las universidades privadas con fondos públicos, están dispuestos a conversar desde el jueves próximo.

Pero el gobierno es partidario del lucro regulado y dice que no puede haber educación gratuita. "No podemos darle educación gratuita a todos los chilenos", enfatizó el ministro de Educación, Felipe Bulnes.

Otras demandas de los dirigentes de las 25 universidades estatales para iniciar el diálogo son que el gobierno congele los proyectos de ley sobre educación que ya envió al congreso y los que remitirá próximamente; televisar las negociaciones, y la extensión del semestre académico más allá del 7 de octubre.

El petitorio general de los universitarios incluye una educación igualitaria y de calidad y los secundarios exigen que la administración de sus escuelas retorne de las municipalidades al Estado. Los docentes se sumaron a las exigencias, pero sin movilizarse.

Las protestas de universitarios y secundarios se iniciaron en mayo — con paros, ocupaciones de escuelas y marchas multitudinarias — y cuentan con un respaldo ciudadano superior al 70%, según coincidentes encuestas, incluidos el de rectores de varios planteles superiores.

Sin embargo, ahora los rectores han llamado sin éxito a los universitarios a retornar a clases porque varios planteles atraviesan por apuros financieros — que incluyen falta de dineros para pagar los sueldos de sus funcionarios — porque miles de estudiantes dejaron de pagar sus mensualidades.

Camilo Ballesteros, presidente de los alumnos de la Universidad de Santiago, reunido con la prensa internacional dijo que "esto demuestra que el Estado ha dejado abandonadas a las universidades, porque son los estudiantes los que tienen que financiarlas".

El conflicto también puso en una delicada situación a 80.000 escolares que perderán el año por inasistencia, mientras otros 160.000 podrán salvarlo porque se inscribieron en programas alternativos de enseñanza, informó Bulnes.

Más complicados están miles de universitarios que por inasistencia no podrán cerrar el semestre académico, lo que les impedirá renovar sus becas y préstamos.

"Por que los tiempos están pasando", el gobierno está dispuesto a seguir dialogando, "con la mejor voluntad", dijo Bulnes.