Esta ciudad del área de San Luis ha decidido endurecer su posición para controlar a los inmigrantes que carecen de permiso de residencia en el país.

Los miembros del ayuntamiento de O'Fallon votaron en forma unánime el jueves para adoptar una resolución que declara a esta urbe del condado de St. Charles como una donde priva el "estado de derecho", reportó el periódico Suburban Journals of Greater St. Louis (http://bit.ly/peQE2I). Eso significa que la población aplicará estrictamente las leyes de inmigración estatales y federales.

Con su resolución, O'Fallon toma prácticamente una dirección opuesta a la de más de otras 30 ciudades de Estados Unidos, incluida Los Angeles, que se han declarado "ciudades santuario". La denominación con dicho término le prohíbe a la policía y a los empleados municipales preguntarle a la gente acerca de su estatus migratorio, e impide otorgar fondos de la ciudad para que sean empleados en hacer valer las leyes federales de control de inmigración.

La resolución de O'Fallon afirma que la ciudad no obstaculizará ni restringirá la comunicación entre sus empleados y las autoridades federales con relación al estatus migratorio de los individuos. También le instruye a la policía a cooperar con las autoridades estatales y federales para asuntos vinculados a la aplicación de las leyes migratorias.

Además, el documento afirma que la ciudad no proporcionará servicios públicos a los inmigrantes que no tengan autorización para vivir en Estados Unidos, y señala que O'Fallon participará en un sistema electrónico de verificación con el fin de determinar si los trabajadores tienen autorización legal para laborar en territorio estadounidense.

Cualquier empresa que tenga un contrato con la ciudad superior a 5.000 dólares deberá usar el sistema, y tendrá que firmar una declaración jurada en la que afirme que no da empleo a sabiendas a un "extranjero no autorizado".

Los patrocinadores de la medida, los concejales Jim Pepper y Bob Howell, también impulsan un proyecto de ley que impondría multas y suspensiones de licencias a las empresas que sean sorprendidas contratando a inmigrantes que viven ilegalmente en el país. Esa medida aún no se propone oficialmente.