Los grupos religiosos que se oponen al intento de la gobernadora por revocar una ley que permite dar licencias de conducir a inmigrantes dicen que sus acciones forman parte de un esfuerzo más amplio por promover una reforma migratoria por razones morales.

Organizaciones como la Conferencia Episcopal Católica de Nuevo México y la Interreligiosa de Albuquerque estaban en Santa Fe esta semana para protestar por los esfuerzos de la gobernadora Susana Martínez de rescindir la ley estatal. Argumentan que la medida ayuda a una de las poblaciones más vulnerables del estado, la de los inmigrantes que carecen de permiso para vivir en el país.

Durante meses, estas coaliciones de grupos interreligiosos han pedido a sus miembros que acudan a mítines en la capital de Nuevo México.

Los líderes han escrito cartas y editoriales en periódicos. Los miembros han organizado vigilias frente a los ayuntamientos mientras los concejales debaten resoluciones en favor de la revocación. Y han alentado a los inmigrantes, sin importar su estatus migratorio, a hacer del debate político uno moral.

"Obtenemos nuestra inspiración de la Biblia", dijo Nancy Phillips, integrante de la Coalición de Credos en Nuevo México por la Justicia para los Inmigrantes, un grupo de laicos y clérigos de diversa filiación religiosa, con sede en Albuquerque.

"Los profetas hebreos del Antiguo Testamento decían que si uno quiere estar bien con Dios, tiene que ayudar a los pobres, tiene que ayudar al forastero", dijo Phillips. "Eso es lo que estamos haciendo".

Allen Sánchez, director ejecutivo de la Conferencia Episcopal Católica de Nuevo México, dijo que los obispos suelen evitar inmiscuirse en política. "Pero en este asunto sienten que no tienen otra opción", señaló Sánchez. "Y cuando le entran, le entran".

Martínez, en cumplimiento de una promesa de su campaña del 2010, está presionando a la legislatura a que ponga fin a la política de Nuevo México de conceder licencias de conducir a personas no autorizadas para vivir en el país. Los legisladores rechazaron el plan meses atrás, pero la gobernadora republicana desea que vuelvan a analizar el asunto durante la sesión especial sobre el reordenamiento de las fronteras de los distritos.

Martínez y otros detractores de la ley consideran que pone en riesgo la seguridad pública y atrae a inmigrantes que carecen de permiso de residencia, los cuales dicen vivir en el estado sólo para obtener tarjetas de identificación.

Pero los defensores de los derechos de los inmigrantes dicen que la ley permite que más conductores contraten un seguro en el estado y ayuda a las agencias policiales a obtener información de seguridad. Los líderes religiosos consideran que el sobreseer la ley ahora es cruel y generaría temores entre los que carecen de permiso para vivir en el país.