El expresidente y dirigente opositor boliviano Jorge Quiroga pidió hoy al Parlamento frenar el juicio que el actual mandatario, Evo Morales, impulsa contra él y otros exgobernantes por haber autorizado contratos petroleros que supuestamente causaron daño económico al Estado.

Quiroga reiteró que los cuatro contratos firmados durante su gestión por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con multinacionales eran de exploración y no de explotación, como dice la demanda oficialista.

Insistió en que los contratos no causaron daño económico porque no hubo en ellos inversión estatal, sino privada, y que tres de los cuatro campos no entraron en operación.

Destacó que en el cuarto campo, operado por la francesa Total en el suroeste de Bolivia, se avanzó hasta el descubrimiento de reservas de gas, hallazgo anunciado y celebrado en abril pasado por el mismo Morales porque incrementó las reservas de Bolivia de 9,94 a casi 13 billones de pies cúbicos.

"Lo que es buena nueva para el país, lo que causa regocijo al Gobierno y a los bolivianos, extrañamente es materia judiciable para el que pueda pensar diferente", dijo el exmandatario.

Quiroga presentó hoy un recurso para evitar que el Parlamento, controlado por el oficialismo, autorice el juicio, con el argumento de que se le quiere juzgar ilegalmente, aplicando nuevas leyes con retroactividad.

"En el derecho a la defensa, para asistir a instancias internacionales, tengo que agotar las instancias internas. No abrigo mayor esperanza de que acá me den la razón, pero presento el recurso porque necesito agotar la instancia interna", aclaró.

El oficialismo también pretende enjuiciar por lo mismo al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97 y 2002-03), que reside en Estados Unidos desde octubre de 2003, cuando renunció a su cargo asediado por conflictos sociales.

Otro exmandatario, Carlos Mesa, incluido inicialmente en la acusación oficialista, fue exonerado esta semana.

La oposición asegura que Morales utiliza su creciente control de tribunales y fiscalías para perseguir a sus adversarios políticos y a funcionarios de anteriores gobiernos, por lo que decenas de ellos han huido del país en los últimos años.