La organización Madres de Plaza de Mayo tendría varias cuentas en el exterior y habría aportado dinero para campañas electorales de altos funcionarios del gobierno de Cristina Fernández, según un ex apoderado de la organización que está procesado por lavado de dinero.

La denuncia la formuló el abogado Sergio Schoklender, ex apoderado de la entidad, el mayor símbolo de la lucha por los derechos humanos en Argentina. La justicia le imputa al abogado haber desviado fondos públicos destinados a un programa de la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas populares hacia una serie de empresas vinculadas a él.

En una extensa entrevista que publicó el sábado la revista Noticias, Schoklender acusó al gobierno de "digitar" la investigación judicial y tildó de "ladrón" al responsable de Obras Públicas, un área clave de la administración de Fernández.

La presidenta de las Madres, Hebe de Bonafini, negó los dichos de su ex mano derecha, que salen a la luz en plena campaña electoral para las elecciones generales del 23 de octubre, en las que Fernández cuenta con chances concretas de ser reelegida.

Schoklender dijo que le entregó a la justicia "los comprobantes de una cuenta a nombre de Hebe de la Caja de Asturias, España, firmados por ella por retiros que hasta 2009 llegaban a dos millones de euros (2,7 millones de dólares)...la justicia debería averiguar cómo es que Hebe transfiere plata en negro desde allá, sin pasar por ningún control bancario. Eso sí es lavado".

También presentó documentación de cuentas en "(Islas) Canarias, Italia y Francia, a nombre de Hebe y otra madre", según la revista.

Bonafini en entrevista en radio Continental reconoció la existencia de una cuenta en la Caja de Asturias a nombre también de la vicepresidenta Mercedes Meroño. Dijo que fue cerrada hace más de cinco años y explicó que eran fondos de "premios" que le entregaban a la entidad y transferencias por convenios para capacitaciones en derechos humanos.

Reiteró que fue traicionada en su buena fe por Schoklender y reclamó que le caiga todo el peso de la ley.

El escándalo se desencadenó a fines de mayo cuando se hizo pública la salida de Schoklender de la organización y fuera imputado por los delitos de "defraudación a la administración pública, lavado de dinero y asociación ilícita", junto a su hermano Pablo y una docena de allegados.

El abogado aseguró que también presentó a la causa judicial "facturas por 1,5 millones de pesos (350.000 dólares) aportados en afiches y gastos de campaña" de entre otros el ministro de Economía y candidato a vicepresidente Amado Boudou, que "pagó la Fundación".