La Procuraduría General de Brasil solicitó hoy la impugnación de una ley que permite flexibilizar las licitaciones públicas y acelerar la concesión de las obras del Mundial de fútbol de 2014, informaron fuentes oficiales.

El procurador general de la República, Roberto Gurgel, elevó una moción de inconstitucionalidad al Supremo Tribunal Federal para intentar cancelar la ley, aprobada por el Congreso el pasado julio.

La ley creó un régimen diferenciado de contratación pública para las obras relacionadas con el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, con el objetivo de evitar nuevos retrasos en la construcción de estadios e infraestructuras públicas.

Gurgel argumentó que la norma no fija parámetros mínimos para identificar qué obras se pueden incluir en este régimen, por lo que el presupuesto se podría disparar, como ocurrió en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro de 2007.

Según el procurador, los errores de planificación en los Panamericanos supusieron que el desembolso final (unos 3.000 millones de reales o 1.800 millones de dólares) multiplicase por diez el presupuesto inicial, que era de 300 millones de reales (unos 180 millones de dólares).

La Procuraduría también cuestionó que el régimen diferenciado permita a una misma constructora concentrar el proyecto básico y la ejecución de una misma obra, además de otros aspectos de la norma que podrían restar competitividad y violar el procedimiento de licitación.

La ley fue aprobada con el apoyo de los partidos oficialistas, con la pretensión de evitar nuevos retrasos en las obras del Mundial, motivo por el que la FIFA ya ha manifestado su preocupación.

La oposición denunció entonces la inconstitucionalidad de la norma y la posibilidad de que esta disminuya la transparencia de las licitaciones, con el consiguiente riesgo del aumento de la corrupción y de los desvíos de dinero.