La fiscalía brasileña pidió el viernes al máximo tribunal de justicia que suspenda una ley aprobada por el Congreso en julio para flexibilizar el proceso de licitación de obras necesarias para el Mundial de 2014.

La acción enviada por el procurador general de la república, Roberto Gurgel, pide al Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional la ley que permite al gobierno otorgar en concesión proyectos como modernización y construcción de estadios para el Mundial y la Olimpiada de Rio de Janeiro 2016 sin cumplir con todo el ritual burocrático de fiscalización y control.

Un comunicado de la procuraduría indicó que tal flexibilización entraña un riesgo de desvío de recursos públicos, al eludir los mecanismos de fiscalización.

La ley aprobada en julio generó una intensa polémica en el Congreso, donde la oposición al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff argumentó que, sin los mecanismos de control, las obras para el Mundial y los Juegos Olímpicos estarían expuestas a actos de corrupción, como la malversación de recursos públicos.

El gobierno defendió la legislación al argumentar que necesita agilizar la puesta en marcha de las obras para tenerlas a tiempo para los grandes eventos deportivos que el país organizará.

En caso de que el tribunal acoja el pedido del procurador, podría convertirse en un dolor de cabeza para Rousseff, cuyo gobierno lucha contra los atrasos en la construcción y modernización de estadios y aeropuertos de cara al Mundial.

La presidenta y su ministro de Deporte, Orlando Silva, han defendido que los proyectos de infraestructura avanzan dentro del cronograma previsto, pero observadores externos insisten en que será difícil completar todas las obras, tanto de recintos deportivos como de transporte, a tiempo para el Mundial.

El torneo futbolístico de 2014 está programado para celebrarse en 12 ciudades brasileñas, aunque el gobierno advirtió que podría realizarlo en menos sedes si algunas ciudades no logran completar sus proyectos de infraestructura a tiempo.