Las mismas personas que hace siete meses protestaron hasta derribar al régimen de Hosni Mubarak corren ahora el riesgo de ser juzgadas por tribunales militares o simplemente detenidas por opinar sobre la impredecible transición egipcia.

Partidos políticos y grupos de derechos humanos consultados por Efe han alzado la voz contra estas prácticas, consideradas como un abuso de poder de las autoridades castrenses, que siguen actuando bajo el paraguas de la Ley de Emergencia en vigor desde 1981.

Las cifras difundidas esta semana por la Justicia militar son concluyentes: entre el pasado 28 de enero y el 29 de agosto, los tribunales militares procesaron a casi 12.000 civiles, seis veces más de los cerca de 2.000 que pasaron por sus salas en los últimos veinte años.

Sin datos oficiales sobre detenciones, podría parecer que en Egipto se ejerce libremente el derecho de asociación y manifestación, pero testimonios como el de Gamal Shaker lo ponen en duda.

Gamal acaba de cumplir 24 años y ya tiene un largo historial de detenciones a su espalda.

Integrante en el pasado de un movimiento de lucha estudiantil, pasó de las filas de los islamistas Hermanos Musulmanes a posiciones más liberales y vivió en carne propia la represión de la dictadura.

"Entre 2005 y 2006 me detuvieron cuatro veces, la última de ellas estuve aislado 32 días. La policía me torturó con golpes y descargas eléctricas para sacarme información y vengarse de mí", relata a Efe.

En contra de lo que esperaba, la revolución no le trajo ningún respiro y volvió a sufrir cargas policiales y detenciones, la última de ellas durante la masiva manifestación que los islamistas organizaron en la plaza de Tahrir la víspera del mes de Ramadán.

"Los soldados me pegaron, pero menos que cuando era estudiante", puntualiza.

Para el investigador de Amnistía Internacional Said Haddadi, muchas personas han sido detenidas y ahora se enfrentan a juicios militares por asociarse o expresar sus ideas, pero también por casos de violencia o desobediencia.

Las campañas contra esos procesos han ido cobrando fuerza hasta hacer que los militares se hayan comprometido a eliminarlos una vez derogada la Ley de Emergencia, que ha anulado derechos y libertades en aras de la seguridad desde que el expresidente Anuar al Sadat fuera asesinado en 1981.

En su intento de calmar a los descontentos, el gobierno de transición asegura que ya no hay presos políticos y el Consejo Militar de las Fuerzas Armadas, en el poder desde la renuncia de Mubarak, lanza guiños como el reciente indulto a 230 personas por la fiesta del final del Ramadán, el Aid el Fitr.

En el fondo, considera Haddadi, las autoridades no necesitan el Estado de Emergencia para garantizar la seguridad en el país, pero piensan que este les da el poder de juzgar a los ciudadanos por lo militar.

Se da la paradoja, según el analista, de que la gente puede salir a las calles y criticar lo que no les gusta, y al mismo tiempo los agentes de la seguridad aprovechan esa situación para fichar a los activistas políticos.

"La Ley de Emergencia no es excusa para privar a los ciudadanos de un juicio justo y limitar sus derechos. A Mubarak, por ejemplo, lo juzga un tribunal civil", critica con dureza el director de la Organización Egipcia de Derechos Humanos, Hafez Abu Saeda.

Ambos activistas recuerdan que la persecución también alcanza a quienes se expresan en público, y citan como ejemplo a los blogueros Asmaa Mahfuz o Maikel Nabil, este último en huelga de hambre tras ser condenado a tres años de prisión por criticar a los militares.

Mientras, las redes sociales siguen desprendiendo aires de revolución. "Estoy dispuesto a morir", escribe Gamal en su cuenta de Facebook, sobre a la próxima protesta.

"Queremos un gobierno civil y no militar. Queremos sentir que la revolución ha triunfado y que la sangre vertida ha dado resultado", sentencia el joven, consciente de los riesgos que sus palabras implican.

Por Belén Delgado