La Audiencia Nacional ha decidido limitar a un posible delito fiscal la investigación por la venta de Aerolíneas Argentinas por parte del Estado a los empresarios Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, al no apreciar malversación de fondos públicos, falsificación, estafa procesal y fraude.

En un auto dado a conocer hoy, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, exonera de cualquier actuación delictiva a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y por consiguiente deja sin efecto la imputación de tres de los directivos que intervinieron en la venta en 2001 de la aerolínea a Air Comet, propiedad de Díaz Ferrán y Pascual.

El juez, que acoge así las tesis de la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, da un plazo de diez días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral contra Díaz Ferrán, Pascual y el presidente de Air Comet, Antonio Mata Ramayo, o bien pidan excepcionalmente diligencias complementarias.

El magistrado considera que ni la SEPI ni los compradores de Aerolíneas Argentinas cometieron un delito de malversación de caudales públicos por importe de 300 millones de dólares, ya que "la complicada operación contractual pretendía la venta de empresas con importantes pérdidas, lo que obligaba a la SEPI a realizar aportaciones de dinero público que las mitigaran".