Alrededor de 150.000 detenidos en centros de inmigración fueron deportados en los últimos siete años sin haber tenido oportunidad de consultar a un abogado, la mayoría de ellos hispanos que tampoco vieron un juez, reveló un reporte divulgado el jueves.

En total se deportaron más de 160.000 personas a través del programa llamado "deportación estipulada" desde el 2003, cuando entró en vigor, hasta el 2010, explicó Jayashri Srikantiah, profesora de leyes de Stanford.

Algunos de estos inmigrantes podrían incluso haber sido jóvenes y discapacitados mentales, agrega el reporte "Deportación sin debido proceso legal", preparado por la Western State University College of Law, la Facultad de Derecho de la Universidad Stanford y el Centro Nacional de Derechos Migratorios.

"Debería haber regulaciones claras que digan que no se puede ofrecer 'deportación estipulada' a jóvenes o discapacitados", dijo a la AP Karen Tumlin, una de las tres autoras del estudio y abogada del Centro Nacional de Derecho Migratorio. "Esto es chocante".

Del total, el 96% fue regresado a su país natal sin representación legal y "la gran mayoría" deportada sin ver un juez, de acuerdo con Jennifer Lee Koh, profesora de la Western State y coautora del informe.

Casi todos fueron mexicanos y latinoamericanos que aceptaron ser deportados mientras estuvieron detenidos y el 80% de ellos fueron deportados no por delitos graves, sino sólo por no vivir en el país legalmente, agregó el informe.

En la ejecución de este programa "se han enfocado en los más vulnerables", aseguró Lee Koh.

"Lo que nos preocupa es que se lleve a cabo el debido proceso legal en estos casos", dijo Srikantiah.

Las personas que han aceptado y firmado documentos en los que permiten su "deportación estipulada" quedan sujetas a una prohibición para reingresar a Estados Unidos legalmente, generalmente por 10 años, y si infringen esa disposición podría enfrentar sanciones importantes tanto por delitos civiles como por delitos graves.

Esa es la principal diferencia con respecto a otros procedimientos de deportación, como la denominada "deportación voluntaria", que no estipula castigos a los deportados si regresan al país clandestinamente ni limita que puedan gestionar su ingreso por la vía legal.

La mayoría de las deportaciones de las que se ocupa el informe fueron iniciadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), aunque también lo fueron por la agencia federal de Aduanas y Protección Fronteriza y la Oficina Ejecutiva para Evaluaciones de Inmigración, agencia federal encargada de los jueces de inmigración, agregaron las expertas.

"Para darse una idea de que tan grande es este total, en el año fiscal del 2008, casi todas las deportaciones fueron por hechas a través de este programa", agregó Lee Koh.

"La decisión de aceptar una deportación estipulada es totalmente voluntaria. Antes de que un inmigrante acepte tal orden, los procedimientos de ICE indican que se explique todo el proceso a la persona, a través de un intérprete de ser necesario", indicó la portavoz del ICE, Virginia Kice, en un comunicado. "Más aún, una deportación estipulada no puede ocurrir sino hasta que un juez de inmigración revise completamente el caso y firme la orden de deportación".

En muchos casos, agentes mal entrenados del ICE ofrecieron a los detenidos información confusa o no les dieron todas sus opciones o derechos disponibles, incluyendo la posibilidad de salir bajo fianza o ver a un abogado o un juez, según la investigación académica.

Agentes del Sur de California, por ejemplo, usaron un documento mal traducido al español para informar a los detenidos de sus derechos. El documento, sin embargo, no incluye el derecho a ver un abogado, señaló el estudio.

Como resultado, muchos inmigrantes no entendieron sus derechos y aceptaron ser deportados bajo el programa de "deportación estipulada", la cual les prohibe reingresar al país legalmente, generalmente por 10 años, agrega el informe.

El ICE dijo que no había leído el reporte de la investigación pero reiteró que "sigue comprometido con un método de aplicación de leyes migratorias de manera sensible y efectiva, enfocada primero en inmigrantes con antecedentes de delitos graves que son una amenaza para la seguridad pública, personas que acaban de cruzar la frontera y aquellos que tratan de burlar el sistema de inmigración".

Tumlin expresó en un comunicado que "este reporte confirma lo que abogados que trabajan en centros de detención han escuchado por años: inmigrantes, especialmente aquellos que no saben mucho inglés, son presionados para firmar documentos sin ser informados de lo severo que pueden ser las consecuencias de sus acciones".

El programa en cuestión fue criticado por algunos jueces, que mostraron su preocupación sobre el debido proceso legal de los casos y pidieron ver a los detenidos para ver si entendían sus derechos y el proceso, indicó el reporte.

Según Srikantiah, "ICE están pidiendo a la gente que firme su deportación (estipulada) para resolver su problema de espacio en los centros de detención".

Otro motivo del uso del programa sería para satisfacer alguna cuota, sugiere el estudio indicando un caso en Atlanta, Georgia, donde un funcionario indicó que las deportaciones voluntarias no cuentan estadísticamente y que por eso prefería las "deportaciones estipuladas".

Finalmente, la información recabada también sugiere que "deportaciones estipuladas" podrían ser apetecibles para jueces pues estos casos aparecen como cerrados mediante una audiencia regular.

El reporte fue hecho con cerca de 20.000 páginas de información interna de agencias del gobierno que las expertas consiguieron a través de Ley de Libertad de Información.