La justicia boliviana concedió la libertad a dos ex ministros sentenciados a tres años de cárcel por su complicidad en la masacre de 64 manifestantes durante un levantamiento popular en octubre de 2003, por la que también fueron condenados cinco ex jefes militares.

Adalberto Kuajara, ex ministro de Trabajo, y Erick Reyes Villa, ex ministro de Desarrollo Sostenible, dejaron el penal de San Roque en la sureña ciudad de Sucre el miércoles en la noche, informó el magistrado Angel Irusta, presidente del Tribunal de Sentencia.

Los dos civiles y cinco ex jefes militares fueron los únicos procesados en el juicio que tuvo como principales demandados al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997/2002-2003) y a su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, como responsables de "genocidio en su modalidad de masacre".

Sin embargo, ni Sánchez de Lozada ni Sánchez Berzaín fueron procesados debido a que dejaron el país tras los sucesos de octubre de 2003 y se refugiaron en Estados Unidos. El ex mandatario renunció tras las muertes 14 meses después de haber asumido su segunda gestión. Los trámites de extradición no fueron respondidos por autoridades estadounidenses, dijo recientemente el fiscal general Mario Uribe.

Kuajara y Reyes Villa demandaron la "suspensión condicional de la pena", un beneficio que otorga la ley cuando las sentencias son menores si los solicitantes no tienen antecedentes penales, explicó Irusta.

Por el mismo caso fueron sentenciados el 30 de agosto a penas de entre 10 y 15 años de cárcel cinco ex jefes militares.

También están demandados otros ministros de Sánchez de Lozada que huyeron del país alegando persecución política y que no han sido enjuiciados.

Tanto Kuajara como Reyes Villa alegaron en su defensa que fueron ministros "marginales" del gabinete y que el decreto que autorizaba a los militares sofocar la revuelta popular no fue aprobado en sesión plenaria de ministros.