La patronal de agricultores mecanizados de soja manifestó el miércoles su molestia con el gobierno paraguayo por la reglamentación de una ley que obliga a los productores a informar cómo y cuándo fumigarán sus plantaciones.

La reglamentación de la ley de control de productos fitosanitarios entró en vigencia el 31 de agosto, según publicó el miércoles la página digital del estatal Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave).

Miguel Lovera, director del Senave, comentó que con la ley "se pretende establecer reglas claras para los productores, buscando beneficiar a todos los sectores".

La ley fue impulsada por el gobierno tras recibir numerosas quejas de campesinos y pobladores de comunidades vecinas a las grandes plantaciones de soja que aseguraban haber sufrido intoxicaciones por la práctica indiscriminada de fumigaciones aéreas y terrestres.

"Nuestra misión es apoyar al productor pero no podemos privilegiar a nadie y no vamos a hacer cosas insensatas, tenemos un compromiso legal con el ambiente y con la gente", dijo Lovera.

Miguel Noto, vocero de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), dijo a la AP que "estamos esperando una opinión de los abogados del gremio para accionar ante la justicia ordinaria en contra del Senave, porque siendo un organismo inferior del gobierno no tiene supuestamente atribuciones legislativas para reglamentar una ley".

Agregó que "la UGP cree que esa es una intervención inconstitucional".

Según la reglamentación, los productores mecanizados de la región oriental del país deben difundir una advertencia a la población a través de radioemisoras con al menos 24 horas de anticipación, detallando cómo se harán las fumigaciones, si serán aéreas o terrestres, dónde, en qué horario y con qué tipo de plaguicidas.

Paraguay obtuvo en junio una cosecha histórica de soja de 8 millones de toneladas sobre una superficie cultivada de 2,8 millones de hectáreas, ratificando su posición de tercer productor de la oleaginosa en el continente detrás de Brasil y Argentina.