Una coalición de organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales que impulsa la vigencia del estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) sugirió hoy al Gobierno de Daniel Ortega Nicaragua se adhiera a ese tribunal de las Naciones Unidas.

"Es vital que Nicaragua tome pasos decididos para tratar de moverse en esa dirección y convertirse pronto en un Estado parte de la Corte Penal Internacional", señaló en rueda de prensa en Managua la coordinadora para América Latina y el Caribe de la Coalición de ONG por la CPI, Francesca Varda.

La coalición, dijo Varda, envió una carta al presidente Ortega en la que lo invitan a ratificar el Estatuto de Roma.

"Desafortunadamente no hemos tenido oportunidad de conversar con cancillería ni con el presidente Ortega, esperamos recibir una respuesta a nuestra carta", añadió.

Varda, quien precisó que el Estatuto de Roma es reconocido por 117 países, consideró "oportuno escuchar algún tipo de pronunciamiento que indique un poco cuáles son los obstáculos principales que enfrenta el Gobierno" de Ortega "para ratificar este importante instrumento".

Los otros países centroamericanos que no se han adherido al CPI, además de Nicaragua, son El Salvador y Guatemala.

Ortega, que gobernó Nicaragua de 1979 a 1990 en medio de una guerra civil que dejó miles de muertos, ha dicho que no hay condiciones para que su país se adhiera a ese tribunal internacional, con sede en La Haya, y ha reconocido que ese tema es "sensible" para su Gobierno.

Ese tribunal tiene como misión enjuiciar a los responsables de crímenes de genocidio, agresión, de guerra y de lesa humanidad cometidos en los países que lo ratifiquen, así como aquellos que así lo decida el Consejo de Seguridad de la ONU, pero no tiene competencia retroactiva.

La CPI, que inició su trabajo en abril de 2002, solo podrá juzgar los delitos cometidos a partir de su creación, no así los ocurridos anteriormente, explicó Varda, que encabeza una delegación de la Coalición de ONG que celebró este martes un encuentro con su contraparte local, el no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), crítico con el Ejecutivo.