"Mano Dura" lo llaman muchos guatemaltecos y un puño es el emblema que identifica a su partido porque quiere transmitir un mensaje de firmeza y carácter.

El general retirado Otto Pérez Molina es el candidato favorito en la elección presidencial del domingo y se perfila como el primer militar en llegar al poder desde 1986, cuando se normalizó la democracia en el país y los militares cedieron el poder.

Pérez, de 61 años, tiene más del 40% de la preferencia de los electores según las encuestas y su más cercano contrincante es el populista Manuel Baldizón que está casi 20 puntos porcentuales atrás y es postulado por el partido Libertad Democrática Renovadora (Líder).

Luis Fernando Mack, politólogo y catedrático de ciencias políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, consideró que no se deben exacerbar los temores de que se imponga nuevamente un modelo de control y seguridad que no respete los derechos humanos.

Dijo que esta vez la eventual llegada de un militar al poder "será diferente, no solo porque es una elección democrática sino porque ya no es el mismo contexto del conflicto armado, ahora existen mayores controles nacionales e internacionales si se pretende violentar la ley".

"Mano Dura" le quedó como apelativo debido a que parte de su campaña se basó en ofrecer una actitud severa y no tolerante contra la delincuencia. Después suavizó su discurso debido al rechazo que causó en algunos sectores.

El regreso al poder de un militar es para muchos suficiente garantía de que se hará cumplir la ley. Pero otros lo temen, fundamentalmente por los nefastos antecedentes en derechos humanos que se remontan a los gobiernos militares de las décadas de los 1970 y 1980.

"Con las preocupaciones por el crimen, la violencia y el crimen organizado, una figura que promete un planteamiento drástico de las leyes resulta muy atractiva. El legado del autoritarismo está todavía profundamente arraigado en Guatemala después de experimentar tantos años de dictaduras... así que valoran positivamente a quien ofrezca someter al crimen y la violencia", expresó Cynthia Arnson, directora del programa de América Latina del Centro Internacional de Análisis Woodrow Wilson, con sede en Washington.

Guatemala sufrió un conflicto armado entre guerrillas marxistas y el ejército que se saldó en 1996 con más de 200.000 muertos.

Entre 1970 y 1986, militares gobernaron el país y coparon desde la presidencia, policía y finanzas hasta la dirección de la entonces telefónica estatal y el instituto de electrificación.

Según Arnson, muchas encuestas muestran que la "cultura autoritaria sigue vigente en Guatemala como resultado de décadas de poderío militar".

Pérez Molina forjó su carrera marcial como especialista en inteligencia, una de las más poderosas e influyentes dependencias del ejército. Una orden de un oficial de inteligencia, D-2 o G-2 como los llamaban, bastaba para decidir la muerte de cualquiera, sin más averiguaciones.

Sin embargo, el candidato del PP se identifica con la generación de militares que impulsó los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado y fue uno de los representantes del ejército que firmó en diciembre de 1996 el acuerdo de paz firme y duradera con las rebeldes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

Antes, fungió como jefe del también cuestionado Estado Mayor Presidencial, la entidad militar que estaba a cargo proteger al presidente, vicepresidente y sus familias, durante el gobierno de Ramiro de León Carpio (1993-96), en un momento de ruptura dentro de las filas castrenses ya que el hasta entonces procurador de derechos humanos llegó al poder tras el autogolpe de Jorge Serrano, quien disolvió los poderes del estado y se autoproclamó autoridad máxima del país.

Una parte de la oficialidad lo apoyó; otra lo rechazó, entre los que estuvo Pérez Molina, lo cual le valió la confianza de De León Carpio quien lo convocó para tenerlo en su entorno.

"Elegir a Otto Pérez no es volver a las dictaduras militares porque será resultado de un proceso democrático, (en cambio) es más una señal de que el crimen y la violencia están desbordados, el país es controlado por el crimen organizado. El (candidato militar) es visto como alguien que es capaz de poner la mesa en orden", agregó la analista del Centro Wilson.

El historial del general que consta en cables diplomáticos y reportes secretos de agencias del gobierno de Estados Unidos que fueron desclasificados por la organización no gubernamental National Security Archive (NSA), muestran a Pérez Molina como parte de "La Cofradía", una estructura paralela conformada por oficiales de inteligencia con nexos con el crimen organizado, mafias de contrabandistas y el narcotráfico.

Ninguno de los militares mencionados en los documentos ha sido sentenciado por esos lazos, pero sí existen investigaciones en las que varios han sido vinculados, aunque en ninguna figura el ahora candidato y tampoco especifica el papel que pudo haber tenido dentro de "hermandad" militar.

También de los documentos del NSA se conoce que Pérez Molina estudió en 1985 de la Escuela de las Américas, un centro donde Estados Unidos adiestró a militares de América Latina en lucha anti guerrillera, al cual numerosos organismos de derechos humanos responsabilizan de las violaciones sistemáticas de derechos humanos perpetradas en el continente bajo las distintas dictaduras militares.

Claudia Samayoa, de la Coordinadora de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, cree que la posible llegada al poder de Pérez Molina amenaza con interrumpir el proceso de esclarecimiento y las acciones de justicia por los excesos ocurridos durante el conflicto armado.

El candidato prácticamente desechó públicamente durante su campaña que en medio de las hostilidades se hubiera cometido un genocidio ni abusos como lo afirman pueblos indígenas y decenas de organizaciones de derechos humanos que empujan procesos judiciales en contra de militares, como el general Efraín Ríos Montt, acusándolos de delitos de lesa humanidad.

Pérez Molina recibió el curso y posteriormente fue instructor y dirigió la escuela Kaibil, en donde se formaban comandos elites de las fuerzas armadas a los cuales se les vincula con cruentas masacres de campesinos durante el conflicto armado. Sin embargo, personalmente no ha sido acusado de participar en ninguna matanza.

"Una de las grandes fricciones va a ser la lucha de las víctimas del conflicto, si el nuevo gobierno afirma que no hubo genocidio ni violaciones a los derechos humanos durante el conflicto", expresó Samayoa.

"Creemos que se va a tratar de cerrar la discusión sobre el pasado, bajo el argumento de no abrir de nuevo heridas y eso va a ser conflictivo", añadió Samayoa, lo cual podría influir en procesos judiciales a militares que están en marcha por delitos de lesa humanidad.

Arnson opinó que sería "una sorpresa si se dispone a apoyar el esclarecimiento de esos hecho, puede ser más proclive a detener las investigaciones".

Los temores a la "Mano dura" han sido alimentados con, por ejemplo, la actitud de un elemento del propio equipo de seguridad de Pérez Molina que disparó contra un policía de tránsito por impedirle adelantar una fila de vehículos que esperaban ingresar al mismo hospital al que llevaba a consulta a una hija del candidato del PP.

El policía resultó gravemente herido y el guardaespaldas está detenido a la espera de juicio.

Otro incidente, que no ha sido esclarecido, involucró a los guardaespaldas de otro diputado y candidato del mismo PP, en el que un hombre murió por disparos que le habrían hecho mientras intentaban abrir paso en medio del tráfico al vehículo del político.

"No creo que vayamos a regresar a el tiempo de antes, los problemas hoy día son de otro tipo, ahora es el narcotráfico y crimen organizado", estimó Mack.

Guatemala tiene una tasa de 45 homicidios por cada 100 mil habitantes, según el informe Crimen y Violencia en Centro América del Banco Mundial, que cataloga al país como uno de los más peligrosos a nivel regional

Pérez Molina declinó las solicitudes de entrevista de AP, pero en sus eventos ha dicho que pondrá énfasis en el desarrollo rural, la construcción de carreteras e incluso en que deducirá responsabilidades a los funcionarios que habrían cometidos hechos de corrupción.

"La pregunta es si adoptará el tipo de Mano Dura que trataron de imponer en El Salvador y honduras y que fracasó... o adoptar un enfoque más integral que ha sido el mantra ahora en las reuniones después de la cumbre de seguridad del SICA (Sistema de Integración Centroamericana) y combina programas de empleo juvenil, profesionalización de la policía y fortalecimiento del poder judicial", expuso Arnson.