Los clubes sociales de militares retirados uruguayos denunciaron hoy ser blanco de un "ataque de enemigos" que se escudan "en las estructuras del Estado" y que buscan "la destrucción" de las Fuerzas Armadas.

Así lo afirmó el presidente del Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, coronel (r) Jorge Puente, durante un discurso en conmemoración del Día del Militar retirado.

Los militares uruguayos "no somos respetados" y "sufrimos un ataque sistemático", afirmó durante un discurso al pie del monumento al héroe libertador general José Gervasio Artigas en el centro de Montevideo.

Según Puente, a partir de una acción definida en el Foro de Sao Paulo, que reúne a partidos políticos de izquierda y progresistas, "se impulsa una política marxista que quiere destruir a las Fuerzas Armadas de la región".

En el caso de Uruguay "con la excusa de una supuesta justicia se busca la venganza porque las Fuerzas Armadas no les dejamos llegar al poder por las armas", tras el golpe de Estado de 1973, afirmó en alusión a la guerrilla MLN-Tupamaros.

El actual presidente uruguayo José Mujica, fue uno de los líderes históricos tupamaros y estuvo preso en duras condiciones durante la dictadura (1973-1985).

Las Fuerzas Armadas "tienen en la actualidad más de veinte presos políticos" procesados y encarcelados "sin pruebas", agregó Puente.

Tras la llegada de la coalición de izquierda Frente Amplio al poder, con el socialista Tabaré Vázquez como presidente (2005-2010), se dio luz verde a juicios contra militares y policías implicados en violaciones a los derechos humanos y varios de ellos fueron encarcelados.

El más emblemático es el caso del exdictador Gregorio "Goyo" Álvarez acusado de "homicidio muy especialmente agravado" por la desaparición de 37 detenidos y condenado a 25 años de cárcel.

La pena fue apelada por la defensa de Álvarez y la pasada semana la Suprema Corte de Justicia la ratificó.

El coronel retirado calificó de "vendetta" esos procesamientos y dijo que a la Justicia uruguaya "se le cayó la venda (de los ojos) del lado izquierdo y los platillos de la balanza no están a la misma altura".

Además, calificó como "desterrados desde hace cinco años" a tres militares uruguayos extraditados a Chile por el denominado "caso Berríos".

Esos militares "fueron investigados por la justicia uruguaya que no encontró pruebas para su procesamiento pero igual fueron desterrados", afirmó.

El químico Eugenio Berrios fue un exagente secreto de la dictadura chilena que escapó a Uruguay para evitar tener que declarar frente a la justicia de su país, posteriormente fue asesinado y su cuerpo encontrado en una playa próxima a Montevideo.

El presidente del Centro de Oficiales Retirados se quejó además de que el Gobierno y el Parlamento "desconocen la voluntad popular" en relación a los dos plebiscitos (1989 y 2009) que ratificaron la ley de Caducidad, que puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías acusado de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

El Gobierno dejó fuera de esa ley varios casos lo que permitió que una veintena de militares y policías fueran procesados y encarcelados.

"No estamos vencidos y seguiremos empujando el carro de nuestras verdades", afirmó Puente.