El Tribunal Correccional de París inicia hoy el proceso por presunta corrupción contra el expresidente francés Jacques Chirac, aunque el primer punto será si este asistirá la juicio tras alegar que tiene las facultades mentales muy mermadas por una enfermedad neurológica.

El deterioro de la salud de Chirac -que cumplirá 79 años en noviembre- se ha convertido desde que el interesado presentara el pasado viernes un informe médico en el gran escollo de este juicio por corrupción que tiene que examinar hechos antiguos de dos décadas y que ya fue aplazado el pasado mes de marzo.

El informe, elaborado a petición de la esposa y la hija de Chirac, precisa que los problemas neurológicos detectados y evidentes desde hace meses son de hecho consecuencia de una anosognosia que acarrea pérdidas de memoria.

Ese diagnóstico, realizado un reputado médico que dirige el servicio de neurología del hospital la Pitié Salpêtrière de París, iba acompañado de una carta en la que el propio expresidente solicita a los jueces que sus abogados puedan representarlo y hablar en su nombre durante el juicio.

Ante esta disyuntiva, el tribunal tiene varias opciones, entre ellas aceptar la demanda de Chirac y dispensarlo de comparecer, aunque eso devaluaría absolutamente el sentido del proceso y los otros nueve acusados estarían tentados a rechazar ese escenario.

Su ausencia impediría tener las explicaciones del principal inculpado, el mismo que ha motivado que la vista no se haya podido iniciar hasta dos décadas después de los hechos que se tienen que desmenuzar: una veintena de empleos supuestamente ficticios pagados por el Ayuntamiento de París -del que Chirac fue alcalde hasta que llegó al Elíseo en 1995- de personas que trabajaban para quien entonces era el líder de la derecha francesa.

El tribunal también podría encargar un nuevo peritaje de la salud del que fue jefe del Estado de Francia entre 1995 y 2007 para confirmar el informe presentado el viernes, convocar al propio Chirac a puerta cerrada para confirmar su incapacidad o aplazar su comparecencia para ser interrogado, algo que inicialmente había de producirse a partir de mañana.

El expresidente ha declarado repetidamente -incluso la pasada semana- que quería ser juzgado como cualquier otro ciudadano, mientras su mujer, Bernardette, y su hija Claude se han esforzado por evitarlo de forma rotunda.

Un intento para evitarle el mal trago de sentarse en un banquillo, donde teóricamente por los hechos que se le reprochan ("malversación de fondos públicos" y "abuso de confianza") podría ser condenado hasta a diez años de prisión y a una multa de 150.000 euros.

Aunque la Fiscalía había pedido el archivo de la causa durante su instrucción, por lo que lógicamente se anticipa que iba a solicitar su absolución en el juicio.