El deterioro de la salud del expresidente francés Jacques Chirac, que sufre una forma de Alzheimer, cuestiona el desarrollo del proceso en su contra programado a partir de mañana en París y retrasado por múltiples vicisitudes para juzgar hechos de presunta corrupción que datan de comienzos de la década de los 90.

La salud de Chirac -que cumplirá 79 años en noviembre próximo- será la primera y la principal cuestión que deberá abordar el presidente del Tribunal Correccional de París, Dominique Pauthe, que el pasado viernes recibió un informe médico enviado por la familia del anterior jefe del Estado en el que se explica que tiene mermadas las capacidades para participar en la audiencia.

El informe, elaborado a petición de la esposa y la hija de Chirac, precisa que los problemas neurológicos detectados y evidentes desde hace meses son de hecho consecuencia de una anosognosia que acarrea pérdidas de memoria.

Ese diagnóstico, realizado por Olivier Lyon-Caen, un reputado médico que dirige el servicio de neurología del hospital la Pitié Salpêtrière de París, iba acompañado de una carta en la que el propio expresidente solicita a Pauthe que sus abogados puedan representarlo y hablar en su nombre durante el juicio.

Ante esta disyuntiva, el tribunal tiene varias opciones, entre ellas aceptar la demanda de Chirac y dispensarlo de comparecer, aunque eso devaluaría absolutamente el sentido del proceso y los otros nueve acusados estarían tentados a rechazar ese escenario.

Su ausencia impediría tener las explicaciones del principal inculpado, el mismo que ha motivado que la vista no se haya podido iniciar hasta dos décadas después de los hechos que se tienen que desmenuzar: una veintena de empleos supuestamente ficticios pagados por el Ayuntamiento de París -del que Chirac fue alcalde hasta que llegó al Elíseo en 1995- de personas que trabajaban para quien entonces era el líder de la derecha francesa.

El tribunal también podría encargar desde mañana un nuevo peritaje de la salud del que fue jefe del Estado de Francia entre 1995 y 2007 para confirmar el informe de Lyon-Caen, convocar al propio Chirac a puerta cerrada para confirmar su incapacidad o aplazar su comparecencia para ser interrogado, algo que inicialmente había de producirse a partir del martes.

El expresidente ha declarado repetidamente -incluso esta misma semana- que quería ser juzgado como cualquier otro ciudadano, mientras su mujer, Bernardette, y su hija Claude se han esforzado por evitarlo de forma rotunda.

Haber entregado el informe médico en el último momento alimenta la sospecha de una maniobra de su entorno más próximo para evitarle el mal trago de sentarse en un banquillo, donde teóricamente por los hechos que se le reprochan ("malversación de fondos públicos" y "abuso de confianza") podría ser condenado hasta a diez años de prisión y a una multa de 150.000 euros.

Lo cierto es que la Fiscalía había pedido el archivo de la causa durante su instrucción, por lo que lógicamente solicitará su absolución en el juicio.