Las cifras son sobresalientes: nueve de cada 10 casos relevantes de terrorismo durante la última década han concluido con una declaración de culpabilidad en las cortes federales de Estados Unidos.

Sin embargo, esas estadísticas podrían no revelar toda la información sobre la guerra de Washington contra el terrorismo.

De los casi 200 casos más graves de terrorismo llevados a juicio desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, unos 178 terminaron con declaraciones de culpablidad, ya sea porque el procesado declaró su culpa o por fallo del jurado, de acuerdo con una revisión a documentos del gobierno que hizo The Associated Press y entrevistas con fiscales y defensores.

La AP compiló una lista de 345 acusados en casos que el Departamento de Justicia describe como los más graves de terrorismo desde el 11 de septiembre. Las cifras varían respecto de otros análisis que podrían incluir delitos o cargos menores que nunca fueron presentados formalmente.

La tasa de declaraciones de culpabilidad es aproximadamente la misma que para narcotraficantes y ladrones bancarios, con una diferencia importante: el objetivo es frenar a los terroristas antes de que perpetren un atentado, no castigarlos después.

"El sistema de justicia penal se ha mostrado capaz de ocuparse incluso de los casos más difíciles y desafiantes de terrorismo en una manera que ha redituado resultados justos y creíbles", dijo James Benjamin, ex fiscal federal y autor de un estudio sobre este tipo de asuntos difundido en 2008.

Los detractores afirman que el vigor de la tasa de individuos declarados culpables se debe a la amplitud excesiva de la definición de terrorismo por parte del Departamento de Justicia, a la renuencia de los jurados a conceder absoluciones ante cargos de tal gravedad, y a la proclividad de los acusados de aceptar acuerdos extrajudiciales por temor a irse a juicio.

"Ahora está en funcionamiento una maquinaria enorme que se perpetúa a sí misma para el combate al terrorismo en Estados Unidos", dijo Jonathan Turley, profesor de derecho en la Universidad de Georgetown, quien fue el abogado defensor del supuesto yihadista Alí Al-Timimi en el norte de Virginia. "Ellos (el gobierno) toman un caso convencional y lo convierten en una acusación de terrorismo grotesca y muy exagerada".

Un informe del inspector general del Departamento de Justicia en el 2007 concluyó que la recabación y documentación de las estadísticas de terrorismo por parte de la entidad era poco sistemática y descentralizada, y que muchas de las cifras contenían inexactitudes. En el informe se criticó al gobierno por etiquetar casos de terrorismo y dejarles esa denominación incluso si no se encontraban pruebas.

Muchos de los casos que revisó la AP correspondían a supuestas infracciones a la principal ley antiterrorista del gobierno, la cual prohíbe facilitar "apoyo material" a grupos terroristas. Los detractores afirman que la normativa es vaga y castiga la libertad de expresión y la asistencia humanitaria legítima, pero no obstante la Corte Suprema ratificó su constitucionalidad en 2010.

"La amplitud de la normativa facilita enjuiciar a la gente", afirmó el profesor de leyes David Cole, de la Universidad de Georgetown. "Sin embargo, también dificulta saber si muchos de los individuos procesados en verdad representaban una amenaza, si en verdad apoyaban de manera activa al terrorismo en lugar de otra cosa".

Dean Boyd, portavoz del Departamento de Justicia, dijo que en todos los cargos de terrorismo la entidad procede de una manera "firme y apegada a derecho" con base a los hechos del caso, los méritos y las disposiciones de ley.

Los 196 casos de terrorismo figuran entre un total de 345 que el gobierno federal emprendió desde el 11 de septiembre y que fueron catalogados como los más graves de acuerdo con los parámetros del Departamento de Justicia.

Entre estos casos figuraron los estadounidenses de origen yemení en Búfalo acusados de visitar campamentos terroristas en Afganistán; estadounidenses implicados en una yihad en Oregon; musulmanes conversos en Raleigh, Carolina del Norte, confabulados para una yihad en el extranjero; rebeldes izquierdistas acusados de secuestrar a estadounidenses en Colombia; inmigrantes somalíes en Minneapolis acusados de apoyar a terroristas en Somalia; recaudadores de fondos vinculados con el grupo separatista de los Tigres del Tamil de Sri Lanka, y supuestos simpatizantes del Jezbolá en Filadelfia.

Otros hallazgos del análisis de la AP incluyen:

— Casi 90 acusados aguardan juicio.

— Más de 50 acusados están fugitivos en el extranjero o se encuentran en poder de los gobiernos de otros países y aguardan extradición.

— Ocho personas acusadas de delitos graves de terrorismo fueron aniquiladas en el extranjero.

— Ochenta y un casos se efectuaron en Nueva York; 45 en Florida; 28 en Texas, y 19 en Virginia.

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Andrew Welsh-Huggins puede ser contactado en http://twitter.com/awhcolumbus.