Perú no redujo la superficie de los terrenos dedicados al cultivo de coca en el país durante la pasada década, por lo que el actual gobierno trabaja para mejorar la estrategia, dijo el sábado Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

"En este tema específico de la reducción y erradicación de cultivos (de hoja de coca) ... (transcurrieron) 10 años en donde no hemos podido conseguir resultados", dijo Soberón en conversación con la radio limeña RPP.

"El encargo que tengo del presidente (Ollanta Humala) es hacer esas acciones eficaces y sostenibles en el tiempo", añadió el abogado que desde agosto tiene a su cargo desarrollar la estrategia nacional de lucha contra las drogas.

Soberón agregó que Perú está revisando "a través de un procedimiento de enmienda, la cooperación" con Estados Unidos.

En 2010, Estados Unidos otorgó 38 millones de dólares para la erradicación de cultivos ilícitos como parte de los ocho puntos del programa de lucha contra el narcotráfico, según la página de internet de la embajada estadounidense en Lima.

Humala, quien asumió la presidencia el 28 de julio, suspendió por una semana en agosto la erradicación, lo que provocó críticas para Soberón desde la oposición política y algunos medios locales.

El asesor de Devida, Julio Castro, dijo a la AP que en la gestión del ex presidente Alan García "se prometió reducir 40% la superficie del cultivo de cocales, pero más bien ésta aumentó 20%. Cuando empezó el gobierno de Alan García en 2006, había 48.000 hectáreas de hoja de coca. Ahora hay 61.200 hectáreas".

El viernes en Lima, William Burns, subsecretario de Estado de Estados Unidos, dijo en entrevista con la AP que la estrategia entre su país y Perú en la lucha antinarcóticos incluye "ingredientes como: desarrollo alternativo, interdicción, lucha contra los precursores químicos, contra el lavado de dinero y la erradicación (de cocales)".

Perú es el segundo productor de hoja de coca en el mundo después de Colombia, con 61.200 hectáreas, según el último informe de 2010 de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC).