El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) pidió hoy al Gobierno de Perú que impida cualquier tipo de amnistía encubierta e instó al presidente Ollanta Humala a que cumpla con sus compromisos de campaña.

CEJIL manifestó su "profunda preocupación" por las declaraciones del ministro de Defensa de Perú, el general retirado Daniel Mora, en una entrevista con la radio local del Instituto de Defensa Legal el pasado 31 de agosto, por considerar que representan "un retroceso en la lucha contra la impunidad".

Según un comunicado del Centro, Mora hizo referencia a una "solución de punto final" a los juicios contra militares por crímenes de lesa humanidad para encaminarse a la reconciliación en Perú.

"Creo que debemos llegar a una solución de punto final, de reconciliación del país, no podemos estar permanentemente en esto. No puede haber juicios que se destapen después de 40 años", afirmó Mora.

"Ninguna clase de legislación o política estatal que tenga como objetivo impedir la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, aún y cuando se realice mediante procesos democráticos, resultaría compatible con el derecho internacional de los derechos humanos", dijo la directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic.

Sin embargo, el ministro peruano aseguró hoy desde su país que nunca habló de una ley de impunidad para los violadores de los derechos humanos, sino de acelerar los procesos judiciales que se prolongan durante años.

"Acá de lo que se habló es de individualizar a los culpables de violar los derechos humanos, pero tampoco pueden permanecer durante diez o doce años en juicios que nunca acaban", afirmó Mora.

El CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro que defiende y promueve los derechos humanos en el continente americano y que tiene estatus consultivo ante la OEA y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Centro denuncia que uno de los impedimentos más graves para combatir la impunidad ha sido la falta de acceso a archivos de las fuerzas armadas.

Por ello, urge al Gobierno peruano a que colabore con los procesos judiciales aún abiertos para que puedan establecerse las responsabilidades individuales y sus correspondientes reparaciones a las víctimas.

El organismo insta al presidente Humala a que envíe un mensaje "contundente" acorde con sus compromisos de campaña y con sus obligaciones internacionales "a favor del respeto de los derechos humanos", incluyendo el acatamiento del informe de la Comisión de la Verdad y la reparación integral para las víctimas del conflicto.

El Centro recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ya se ha pronunciado sobre la incompatibilidad con la Convención Americana de Derechos Humanos de las leyes que favorecen la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos.

Sobre Perú, dicha Corte ha emitido varias sentencias en los casos Barrios Altos (2001), La Cantuta (2006), Anzualdo Castro (2009) en los que decretó la inadmisibilidad de las medidas que impidan la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves a los derechos humanos.

En su último pronunciamiento, estableció que Perú "no podrá argüir ni aplicar ninguna ley ni disposición de derecho interno, existente o que se expida en el futuro, para eximirse de la orden de la Corte de investigar y, en su caso, sancionar penalmente a los responsables".

El Centro recuerda que no es la primera vez que en Perú se habla de proyectos de legislación o prácticas contrarias a su obligación de investigar graves violaciones a los derechos humanos.

En noviembre de 2008 se presentaron ante el Congreso dos proyectos de ley que pretendían conceder la amnistía e indulto a agentes estatales denunciados, investigados, encausados, procesados o condenados por violaciones de derechos humanos.

Además, en octubre de 2009 se pretendió a través de otro proyecto de ley conferir impunidad al personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú "que en cumplimiento de su deber dentro de zonas de emergencia y haciendo uso de la fuerza letal, causa muerte o lesiones graves".