El Gobierno de Argentina salió a marcar territorio en YPF, la mayor productora de hidrocarburos del país, ante los temores de que el avance de la mexicana Pemex en la española Repsol, mayor accionista de la petrolera argentina, derive en un cambio de rumbo para la estratégica compañía argentina.

Mientras Petróleos Mexicanos (Pemex) adquiría este viernes una participación adicional del 4,62 por ciento en Repsol, el Ejecutivo de Cristina Fernández se apuraba a exigir la convocatoria de una reunión extraordinaria del directorio de YPF.

Fuentes de la petrolera argentina consultadas hoy por Efe indicaron que la reunión será convocada formalmente en los próximos días, pero sin fecha precisa de momento, pues hay que "compatibilizar las agendas" de los integrantes del directorio.

La reunión fue solicitada por el influyente subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, que es quien desde hace dos semanas representa al Estado argentino en el directorio de la compañía, en la que Repsol tiene el 57,433 por ciento de las acciones.

Con la operación concretada este viernes, Pemex y la española Sacyr Vallehermoso, que el pasado lunes sellaron un acuerdo para sindicar sus derechos de voto en Repsol, alcanzaron una participación conjunta en la petrolera española del 29,8 por ciento.

Las autoridades argentinas temen que esta alianza derive en cambios en la conducción de Repsol y, por ende, afecte a YPF.

Por eso, reclaman que las autoridades de Repsol, Sacyr Vallehermoso y Pemex informen "a la brevedad" si el cambio accionarial en Repsol generará algún tipo de impacto o variación en los planes de inversión y producción en YPF.

Al pedir la reunión de directorio, el Gobierno de Fernández recordó que el Estado, además de tener facultades de control en las empresas proveedoras de energía, tiene una "acción de oro" en YPF.

En efecto, el Estado argentino, a través del Ministerio de Economía, es titular de apenas mil de las 393,3 millones de acciones de YPF, pero tiene derecho a participar de las decisiones del directorio y poder de veto desde la privatización de la compañía, en 1999.

En la noche del viernes, el ministro de Planificación argentino, Julio de Vido, recordó cuáles son los alcances del Estado sobre YPF: "Esperamos que no se produzca ningún cambio institucional en la empresa y, si lo hubiera, tenemos el poder de veto".

De Vido señaló que la maniobra de Pemex y Sacyr "podría llevar a que tengan ventajas estratégicas en el directorio de Repsol" y aseguró que al Gobierno "no le molesta" que YPF esté en manos privadas, un tipo de administración que, según afirmó, "incluso puede ser positivo según cómo se la maneje".

De hecho, el máximo responsable de las áreas ejecutivas de YPF es desde 2008 Sebastián Eskenazi, hijo de Enrique Ezkenazi, vicepresidente de la petrolera, un empresario de estrechos vínculos con la Casa Rosada y cabeza del grupo argentino Petersen, titular del 25,462 por ciento de la productora de hidrocarburos.

YPF es, en varios aspectos, la mayor empresa de Argentina, lo que explica su importancia estratégica para el Gobierno: es el principal inversor en el país, el primer contribuyente al Fisco, el mayor productor de hidrocarburos, el segundo mayor exportador y uno de los principales empleadores, con una plantilla de unos 30.000 trabajadores.

Pero la importancia de esta compañía es además central para un país con creciente demanda de energía por su expansión económica, que encuentra su límite en una producción de petróleo y gas natural en declive y reservas cada vez menores.

En este contexto, YPF lanzó a finales de 2009 un amplio programa de desarrollo exploratorio y productivo de hidrocarburos para el período 2010-2014, con el acento en la incorporación de nuevas reservas y la búsqueda de recursos costas afuera.

Pero hasta ahora, los hallazgos de mayor trascendencia son los de gas y petróleo no convencionales, recursos que demandarán millonarias inversiones para su extracción.

YPF registró en el primer semestre del año una ganancia neta de 2.754 millones de pesos (651 millones de dólares), un 13,6 por ciento menos que en igual período de 2010.