El Gobierno de Argentina advirtió hoy que el Estado tiene poder de veto en YPF en caso de eventuales cambios en la petrolera argentina tras el avance de la mexicana Pemex en la española Repsol, principal accionista de la mayor productora de hidrocarburos del país suramericano.

"Esperamos que no se produzca ningún cambio institucional en la empresa y, si lo hubiera, tenemos el poder de veto", dijo el ministro de Planificación argentino, Julio de Vido, en declaraciones a periodistas, tras participar de un seminario.

El ministerio de Planificación argentino solicitó hoy una reunión extraordinaria del directorio de YPF, en la que Repsol tiene una participación del 57,433 por ciento.

Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de su filial P.M.I. Holdings, adquirió hoy 56.377.090 acciones de Repsol, representativas del 4,62 por ciento del capital de la petrolera española.

Esta operación se concretó luego de que el pasado lunes la española Sacyr y Pemex alcanzaran un acuerdo para sindicar los derechos de voto de sus respectivas participaciones del 20 por ciento y del 4,81 por ciento en Repsol, a la vez que el grupo mexicano se comprometiera a adquirir un 5 por ciento más de la petrolera española y alcanzar así un 29,8 por ciento conjunto.

De Vido señaló que la maniobra de Pemex y Sacyr "podría llevar a que tengan ventajas estratégicas en el directorio de Repsol".

En este sentido, recordó que "en YPF, el Estado argentino mantiene la 'acción de oro' de la compañía y, por eso, se le debe informar (al Estado) de cambios en los procesos accionariales".

El ministro dijo que espera que las partes involucradas en esta operación informen al Gobierno argentino en los próximos días de los alcances que estos cambios accionariales tendrán en YPF.

Asimismo, aseguró que al Gobierno argentino "no le molesta" que la petrolera argentina esté en manos privadas, un tipo de administración que, según señaló, "incluso puede ser positivo según cómo se la maneje".

La reunión de directorio de YPF fue solicitada por el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, que es quien representa al Estado argentino en el directorio de la mayor productora de hidrocarburos de Argentina.

En la petición, el Gobierno argentino reclama que las autoridades de Repsol, de Sacyr Vallehermoso y de Pemex "informen y precisen a la brevedad si dicha modificación accionarial generaría algún tipo de impacto o variación en los planes de inversión y/o producción o algún otro tipo de cambio en YPF".

La petrolera argentina está participada además por el grupo Petersen (25,462 por ciento), propiedad de la familia Ezkenazi, que mantiene una buena relación con el Gobierno de Cristina Fernández.

El Estado argentino, a través del Ministerio de Economía, es titular de mil de las 393,3 millones de acciones de YPF, pero tiene derecho a participar de las decisiones del directorio y poder de veto desde la privatización de la compañía, en 1999.

YPF registró en el primer semestre del año una ganancia neta de 2.754 millones de pesos (657,2 millones de dólares), un 13,6 por ciento menos que en igual período de 2010.