El gobierno paraguayo no descartó la aplicación de un eventual estado de excepción tras el secuestro de una joven, comentó el presidente Fernando Lugo.

La medida extrema es una atribución constitucional del Poder Ejecutivo para frenar un presunto descontrol en la seguridad pública o conmoción interna.

Dalia Scappini, de 31 años y empleada de la empresa estadounidense 3M en Asunción, fue secuestrada el martes por tres personas desconocidas al salir de su vivienda. Sus familiares resolvieron no informar a la prensa los detalles de las negociaciones para liberarla.

Ninguna organización criminal se atribuyó el secuestro.

"No descartamos la posibilidad de implementar el estado de excepción", dijo Lugo durante un breve contacto con los periodistas en la comunidad campesina Yrybu Cuá, unos 390 kilómetros al norte de Asunción, según publicó la página digital del palacio de gobierno.

El vicepresidente Federico Franco también se mostró partidario de establecer el estado de excepción ante la creciente ola de criminalidad que azota al país.

"El Estado debe devolverle tranquilidad a la ciudadanía ante el aumento de los hechos delictivos", señaló.

Lugo ordenó el estado de sitio por tres meses, con aprobación del Congreso, entre marzo y mayo de 2010 para intentar capturar a los miembros de la banda guerrillera Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), dedicada a los secuestros extorsivos en los bosques del norte del país.

La medida fue levantada sin que se consiguiera aprehender a combatientes y líderes del EPP.

El ministro del Interior, Carlos Filizzola, anunció en conferencia de prensa, tras visitar a la familia Scappini que "nuestros agentes de investigación no se involucrarán en las negociaciones que eventualmente estén haciendo los familiares de la secuestrada, pero es obligación de los organismos de seguridad seguir trabajando por su lado para aclarar este caso".

Las estadísticas policiales indican que entre 2000 y 2011 ocurrieron 41 secuestros con fines extorsivos.